La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra Cristina Elisabet Fernández de Kirchner por istración fraudulenta en la causa Vialidad y activó un mecanismo que había permanecido suspendido: la ejecución de decomisos por $84.835.227.378,04. Esta cifra representa el monto que, según el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), la expresidenta y otros ocho condenados sustrajeron del Estado nacional a través de una "extraordinaria maniobra fraudulenta" desarrollada entre 2003 y 2015.
El fallo de la Corte no solo ratificó los seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que pesan sobre la exvicepresidenta, sino que también dejó firmes los decomisos ordenados por el tribunal de juicio. Ahora, el juez de ejecución Jorge Gorini, en su carácter de presidente del TOF 2, iniciará el proceso para recuperar la suma multimillonaria que expone la maniobra defraudatoria.
Junto a Kirchner, deberán responder por el perjuicio económico Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich. El empresario Báez, propietario del Grupo Austral, fue identificado por los magistrados como el beneficiario directo de las 51 licitaciones viales adjudicadas irregularmente en Santa Cruz.
Los bienes que pasarán al Estado
La ejecución del decomiso implicará que el Estado se apropie definitivamente de los bienes embargados, a diferencia del embargo preventivo que sólo impedía su venta pero mantenía la propiedad en manos de los condenados. Entre los activos que podrían ser rematados se encuentran más de 20 inmuebles de la familia Kirchner, incluyendo propiedades que fueron cedidas a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner en marzo de 2016, cuando se inició el proceso judicial.
El patrimonio de la expresidenta incluye 27 propiedades, cinco cocheras en el edificio Madero Center y dos empresas vinculadas al grupo familiar: Hotesur y Los Sauces, que operan hoteles y otras propiedades. Además, la Justicia tiene secuestrados 4,6 millones de dólares pertenecientes a Florencia Kirchner, retenidos en Hotesur, y otro millón de dólares en una cuenta bancaria a su nombre.
En su última declaración patrimonial ante la Oficina Anticorrupción, Kirchner declaró poseer bienes por 250 millones de pesos. Sin embargo, ya no cuenta con bienes inmuebles registrados a su nombre, ya que los cedió a sus hijos en partes iguales. Solo conserva el usufructo de las residencias de Río Gallegos, El Calafate y el departamento de Uruguay y Juncal en Recoleta.
Por su parte, Lázaro Báez enfrentará la ejecución de al menos 60 propiedades valuadas principalmente en el sur del país. El crecimiento "exponencial" de su holding empresarial fue catalogado por el tribunal como "directamente asociado con la asignación de obra pública vial" en Santa Cruz.
La escala de la defraudación
Los fundamentos de la condena establecieron que mediante 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales en Santa Cruz tuvo lugar una "notable maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la istración pública nacional". Las obras fueron "sistemáticamente adjudicadas" al Grupo Austral, en lo que los magistrados calificaron como una operación que configuró "detrás de una apariencia de licitud, una sincronizada y unívoca disposición del aparato estatal enderezado a la consumación del delito".
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Las irregularidades corroboradas incluyeron circuitos exclusivos de pagos para el Grupo Austral, procesos licitatorios amañados, pagos por avances de obra inexistentes, sobrecostos en los contratos, información privilegiada de los concursos públicos y omisión de controles sobre el holding empresarial. El tribunal determinó que existieron "vínculos promiscuos y corruptos entre funcionarios de la istración pública (nacional y provincial) y las empresas contratistas del Estado propiedad de Lázaro Báez".
La dimensión del fraude se ilustra con un dato revelador: el 50% de las obras viales adjudicadas irregularmente fueron abandonadas, con un avance promedio que oscilaba entre el 16% y el 36%, aunque el empresario cobró la totalidad de esos contratos. Los magistrados concluyeron que "parte del dinero erogado por el Estado tenía como destino final las empresas familiares de la ex Presidenta".
El proceso de ejecución comenzará con la actualización del monto original, que deberá ser calculado "a través de la intervención de organismos técnicos". Una vez determinada la cifra actualizada, los condenados tendrán diez días hábiles para depositar el dinero. Si no cumplen con esta obligación, se procederá a la ejecución forzosa de sus patrimonios.
El fiscal Diego Luciani, quien llevó adelante la acusación durante las nueve jornadas de alegatos en 2022, había anticipado la complejidad de esta etapa al advertir que se trataba de una elección entre "corrupción o justicia". Ahora, con el fallo firme, la Justicia dispondrá de herramientas concretas para avanzar en la recuperación de los fondos.
Además del decomiso principal, pesa sobre los condenados una demanda civil por daños y perjuicios de $22.300 millones que tramita en el fuero Civil y Comercial. Esta acción fue iniciada en 2016 por la istración de Mauricio Macri, permaneció paralizada durante el gobierno de Alberto Fernández y fue reactivada por la actual gestión de Javier Milei, que determinó impulsar el reclamo a través de los abogados de la Dirección de Vialidad Nacional.
La cifra de la demanda civil se desprende del cálculo inicial que estableció que las 51 licitaciones representaron una erogación de $46.000 millones, de los cuales la mitad correspondía a rutas inconclusas que fueron pagadas con sobreprecios. Con la actualización del monto total del perjuicio a $85.000 millones, el gobierno libertario solicitará una revisión al alza de la indemnización reclamada.
La ejecución de estos decomisos constituye un precedente en el sistema judicial argentino, donde tradicionalmente los bienes embargados en causas de corrupción permanecían bajo la propiedad formal de los imputados. A diferencia del embargo, que solo congela la disponibilidad de los activos, el decomiso transfiere definitivamente la propiedad al Estado, que puede proceder a su venta o reutilización según convenga al interés público.
