Contexto
¿Qué es la Defensoría del Público y por qué fue creada?: La DPSCA se creó en 2009 bajo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, impulsada durante el kirchnerismo. Su objetivo inicial era recibir denuncias de la ciudadanía sobre contenidos en los medios de comunicación. Sin embargo, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, denunció que el organismo fue utilizado para perseguir a periodistas críticos del gobierno de entonces.
¿Qué implica la resolución 107?: La resolución 107 redujo la planta de personal de 144 empleados a 40, eliminó divisiones internas y remató un estudio de televisión portátil que, según el ministro, servía para actividades de adoctrinamiento en eventos públicos. En palabras de Sturzenegger, esto busca "alivianar la estructura" y poner fin a su uso como "herramienta de persecución". También plantea un debate legislativo sobre la existencia misma de este tipo de instituciones.
¿Cuáles fueron las principales críticas hacia el organismo?: Sturzenegger afirmó que desde su creación, el DPSCA costó 70 millones de dólares a los contribuyentes y destinaba el 95% de su presupuesto a salarios. Esto, según el ministro, demuestra una estructura "sobredimensionada" y "rígida". La proyección presupuestaria de 2025, calculada en 4.400 millones de pesos, motivó la reorganización con el fin de priorizar funciones esenciales y reducir gastos.
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¿Cómo se posiciona el Gobierno respecto a la prensa?: En el marco de crecientes críticas hacia el presidente Javier Milei por su trato con los medios, Sturzenegger destacó que el mandatario tiene un estilo "frontal, abierto y transparente". Además, lo comparó con Domingo Faustino Sarmiento, enfatizando su carácter polemista y su vocación por el debate público. Según el funcionario, el gobierno actual no utiliza recursos públicos para disciplinar a la prensa, en contraste con lo que atribuye al kirchnerismo.
¿Qué impacto tuvo el recorte en otras áreas del sector público?: Durante el primer año de gestión de Milei, el déficit operativo de las empresas del Estado se redujo casi a la mitad, pasando de 4.551 millones de dólares en 2023 a 2.235 millones en 2024. En cuanto a empleo público, se eliminaron más de 11.000 posiciones, reduciendo el total de trabajadores de 92.069 a 80.988.
