El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado este martes que eleva al Consejo de Ministros la oferta pública de adquisición de acciones (opa) del BBVA sobre el Banco Sabadell, lo que da al Gobierno un mes, hasta el 27 de junio, para imponer nuevas condiciones a la operación.
En declaraciones a los medios en el Senado, Cuerpo ha explicado que toma la decisión tras analizar toda la información disponible y constatar que hay razones "de interés general" para elevar la cuestión al Consejo de Ministros.
Entre ellas, problemas relacionados con el potencial impacto de la operación en la garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de regulación sectorial, la protección de los trabajadores, la cohesión territorial, la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico y los objetivos de política social, según un comunicado.
La CNMC aprobó la operación
A pesar de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobó por unanimidad a finales de abril la posible compra del Sabadell por parte del BBVA sujeta a una serie de compromisos para garantizar la competencia, la decisión no era firme y Cuerpo tenía en su mano la opción de que el Gobierno intervenga.
La oposición del Ejecutivo desde un primer momento a la opa hacía pensar que acabaría llegando al Consejo de Ministros, que en las próximas semanas tendrá que aclarar qué condiciones adicionales pone al BBVA para llevar a cabo la transacción, siempre que el banco le siga interesando seguir adelante con sus planes de compra.
Hasta que no se resuelva el misterio, la CNMV seguirá sin aprobar el folleto del BBVA con la oferta a los accionistas del Sabadell, que pasa únicamente por el canje de títulos, sin que haya pago en efectivo por medio.
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Ministro de Economía Carlos Cuerpo
La postura de la Comisión Europea
Por otro lado, desde la Comisión Europea se explicó más temprano que no conocía "ninguna razón" que pueda "justificar el rechazo o bloqueo" de la operación y amenazó incluso con "hacer uso de sus poderes".
Fuentes comunitarias explicaron que la Comisión Europea "está estudiando la compatibilidad de las del Gobierno español con el de la Unión Europea y no dudará en hacer uso de sus poderes", en referencia a la posible apertura de un procedimiento de infracción contra España en caso de que las medidas del Derecho del Ejecutivo vayan en contra de las normas europeas, según publicó El Confidencial.
Un proceso que lleva más de un año
El BBVA lanzó hace más de un año su oferta a los accionistas del Sabadell con la idea de hacerse con el control de la entidad catalana e incorporarla a su grupo, pero necesitaba el visto bueno, entre otros, del Banco Central Europeo (BCE), la CNMC, y el del supervisor bursátil, la CNMV.
El BCE dio su plácet a la operación porque la unión de dos entidades solventes no le resulta ningún problema, pero el impacto que podría tener sobre la competencia la desaparición del Sabadell, especialmente en el mundo de las pymes, hizo que la CNMC analizara de forma exhaustiva, durante once meses, la posible compra.
Aunque la unión del BBVA y el Sabadell daría lugar a una entidad menor que la suma de CaixaBank y Bankia, que fue aprobada por Competencia sin un estudio tan profundo, en este caso la CNMC pensó que era necesario ahondar en su análisis teniendo en cuenta que la oferta había sido rechazada previamente por el Sabadell.
A finales de abril y por unanimidad, la CNMC dio luz verde a la operación sujeta a una serie de compromisos del BBVA para garantizar la competencia, entre ellos la financiación a pymes clientes del Sabadell, banco que primero puso en duda la metodología empleada por Competencia y luego trató de que se impusieran exigencias mayores al comprador.
Como Competencia subordinó la operación al cumplimiento de una serie de compromisos -”inéditos” en palabras del BBVA- la resolución no era firme hasta pasados 15 días desde que se le notificó al titular de Economía, siempre que Cuerpo no elevara el tema al Consejo de Ministros.
Este plazo de 15 días hábiles concluye este martes, por lo que el propio ministro quiso hacer público al cierre del mercado bursátil que la opa llegará al Consejo de Ministros que, aunque no puede paralizarla, podría complicarla con condiciones adicionales.
La consulta pública y el rechazo de las empresas catalanas
Mientras Economía analizaba la situación, abrió una consulta pública inédita, como si de una ley se tratara, para que cualquier persona pudiera dejar constancia a través de un formulario si consideraba que la operación afectaba a problemas de “interés general”, distintos de la competencia.
El Sabadell participó en la consulta, pero no así el BBVA, que la consideró innecesaria porque no ve ningún problema de interés general, ajeno a las cuestiones de competencia, en esta operación.
También optaron por rellenar el formulario asociaciones empresariales, de consumidores y sindicatos, que dejaron constancia de su preocupación por el impacto en el empleo, y todos ellos recurrieron al envío de documentación complementaria.
En el caso de los empresarios catalanes, enviaron una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mostrando su rechazo a una posible fusión, no a la opa como tal.
Por su parte, los sindicatos CCOO y UGT remitieron un estudio a Economía que calcula una destrucción de entre 7.000 y 10.500 despidos si el BBVA y el Sabadell se unen. Pero la oposición de las centrales choca con la de las secciones sindicales, que tendieron la mano a negociar.
Para el presidente del BBVA, esas cifras están muy alejadas de la realidad y, aunque sigue sin dar pistas de los planes del banco, recordó recientemente que en el pasado cualquier ajuste de plantilla se hizo de forma consensuada.
