La Sala III de la Cámara de Casación confirmó que los principales acusados por liderar la secta del Templo Filadelfia seguirán detenidos. Como informó Revista Quórum, también reclamó al tribunal de juicio que acelere el proceso y dicte sentencia cuanto antes.
“La Fiesta del Señor” era el acontecimiento más importante del calendario para los líderes del “Templo Filadelfia”. Se celebraba una vez al año en la sede central de la congregación, ubicada en San Justo, provincia de Buenos Aires, y convocaba a fieles de distintos puntos del país e incluso del extranjero. Entre cantos, bailes y alabanzas que se extendían hasta la madrugada, se desarrollaba un clima de fervor religioso que ocultaba el verdadero propósito del evento: la captación de menores para esclavizarlos.
En ese marco, Eva Petrona Pereyra, conocida como “la Tía Eva” y figura central de la organización, asumía un rol protagónico. Simulando estar poseída por el espíritu divino, pedía a los congregados que, como muestra de entrega absoluta, ofrecieran lo más valioso que tuvieran: una propiedad o incluso a sus propios hijos.
Pereyra es una de las 28 personas que están siendo juzgadas desde octubre del año pasado por formar parte de esta secta. Está detenida y seguirá en esa condición hasta que el juicio termine. Es que la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la prórroga de las prisiones preventivas por seis meses dictadas por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de San Martín para ella y los principales imputados.
Los jueces Carlos Mahiques, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky consideraron que la medida “es razonable” en virtud de la complejidad de la causa y el tiempo que insume el juicio, aunque encomendaron al tribunal de juicio que culmine el debate y dicte sentencia “con la mayor celeridad posible”.
Además de “la Tía Eva”, la decisión recayó sobre Miguel Evangelista Mora Bogado, Griselda Noemí Lemos, Juan Pablo Mora Bogado, Guillermo David Alza, Norma Beatriz Gutiérrez, Mónica Susana Gutiérrez, Rigoberto Ismael Mora Bogado y Carlos Raúl Barrionuevo, considerados líderes fundacionales y ejecutivos de la organización.
La medida de prisión preventiva prorrogada tiene respaldo en la gravedad de los hechos, el número de víctimas (al menos 25) y el riesgo procesal, tanto por la posibilidad de entorpecer la investigación como por el potencial de fuga.
La Cámara respaldó expresamente el razonamiento del tribunal de juicio, que había sostenido que las condiciones para mantener la medida se mantenían vigentes.
Debate en curso
El juicio oral comenzó el 24 de octubre de 2024. Los 28 imputados están acusados de delitos como asociación ilícita, trata de personas agravada, reducción a la servidumbre y, en algunos casos, abuso sexual agravado.
La sospecha es que integraban una red criminal que funcionó entre los años 1972 y 2020, simulando ser una congregación religiosa bajo el nombre de “Templo Filadelfia”, con sede en San Justo y filiales en varias provincias argentinas, Paraguay y Brasil.
Al parecer, y bajo apariencia de culto, la organización captaba personas en situación de vulnerabilidad -muchas veces menores de edad o con escasa escolaridad- a quienes reducía a servidumbre y explotaba laboralmente.
La estructura de la organización funcionaba con base en un sistema de adoctrinamiento coercitivo, donde las líderes -como Eva Petrona Pereyra, considerada la máxima referente espiritual- se autoproclamaban “ungidas de Dios” y decían recibir directamente las órdenes del Señor. A través de rituales religiosos y eventos como las “Fiestas del Señor”, lograban que los fieles entregaran sus propiedades o incluso a sus propios hijos.
Una vez incorporados a la comunidad, los fieles eran aislados del exterior, obligados a abandonar la educación formal, a trabajar sin remuneración en panaderías, ventas ambulantes o tareas de albañilería, y a entregar todos sus ingresos a la congregación. La alimentación era mínima, la higiene escasa, y la vigilancia constante, incluyendo castigos físicos y públicos por desobedecer órdenes o expresar el deseo de irse.
De acuerdo a la investigación, los niños, a partir de los 11 años, eran forzados a abandonar la escuela y a sumarse al sistema laboral de explotación. El castigo extremo era ser enviado a campos alejados de centros urbanos, como el predio llamado “El Descanso” en Balcarce, donde las condiciones de vida eran paupérrimas.
El Ministerio Público sostiene que la organización logró expandirse durante décadas, construyendo templos en Bahía Blanca, Pontevedra, Salta, Mendoza, Tucumán, Neuquén y otros puntos del país, además de anexos en Brasil y Paraguay. También se documentaron casos de víctimas trasladadas a esos países para realizar tareas forzadas.
Los bienes obtenidos, como campos, viviendas y vehículos, fueron adjudicados a nombre de integrantes de la organización y sus familias. En mayo de 2019, los allanamientos ordenados por el Juzgado Federal Nº 3 de Morón derivaron en el secuestro de documentación, dinero en efectivo, cuadernos de rendición de cuentas y recetas médicas, además de la posterior subasta de 15 vehículos de alto valor.
