Afirman que su sector “no está contemplado” en el proyecto de ley de operador inmobiliario que tiene a estudio la Cámara de Diputados.
Sector inmobiliario.
PexelsLa Cámara Uruguaya de Marcas y Empresas Inmobiliarias (Cumei) —que agrupa a más de 700 operadores y agentes inmobiliarios en el país— rechaza el proyecto de ley de operador inmobiliario que tiene a estudio la Cámara de Diputados y que será votado mañana en el plenario.
El proyecto fue aprobado en noviembre del año pasado por la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y istración y será discutido mañana en el plenario de Diputados.
El vocero de Cumei, Andrés Breccia señaló a El Observador que si se aprueba el proyecto de ley como está redactado actualmente, “se afectarán unos 1.200 puestos de trabajo directos e indirectos”.
“Estamos a favor de la regulación pero de una que nos abarque a todos y que no nazca de la exclusión o ignore un sector del mercado inmobiliario que está creciendo. Sentimos que no estamos contemplados”, manifestó Breccia.
El proyecto de ley busca regular el ejercicio legal de la actividad profesional inmobiliaria, desarrollada por agentes, corredores, brokers, operadores, prestadores de servicios inmobiliarios y empresas prestadoras de servicios inmobiliarios turísticos. Entre otras cosas, la normativa propone que todos esos actores estén agrupados en un registro de operadores inmobiliarios, establece los requisitos para ejercer, así como sus derechos y obligaciones.
Sin embargo, desde la Cumei entienden que el proyecto de ley actual no reconoce la figura del operador inmobiliario que trabaja de forma independiente, es decir por fuera de una relación de dependencia. Asimismo, señala que la normativa no contempla a las agencias, franquicias o la utilización de marcas.
“Básicamente la diferencia fundamental es que en nuestra modalidad (de trabajo), tenemos agentes independientes” vinculados a través de un contrato comercial, es decir que tienen su empresa unipersonal pero “tal y como está redactado el proyecto de ley, esos agentes asociados tendrían que matricularse”, explicó Breccia.
La Cumei rechaza el proyecto por entender que no se contempla la actividad que realizan sus empresas asociadas, así como tampoco su modelo de negocio, no se incluye a las franquicias, agencias, ni la utilización de marcas y por ende, no se reconoce la figura del operador que decide no actuar bajo relación de dependencia.
En este sentido, el vocero de la Cumei afirmó que la forma de contratación que utilizan los asociados a la cámara es “totalmente legítima” y dijo que un informe solicitado al catedrático de derecho constitucional, Martín Risso, concluyó que el proyecto de ley “presenta vicios claros” de inconstitucionalidad.
De acuerdo con el informe de Risso, si bien el objetivo de la normativa es regular el ejercicio legal de la profesión en el marco de la defensa de la libre competencia, ese concepto es “contradictorio” con la redacción del proyecto ya que en lugar de promover la libre competencia, “la limita y restringe” a las personas que pueden dedicarse a esa actividad.
“Una inmobiliaria tradicional que tenga empleados en relación de dependencia perfectamente podría tener un operador responsable por oficina. Queremos tener también esa posibilidad, que haya un operador responsable por oficina y por los agentes que la integran”, explicó Breccia.
Los integrantes de la Cumei han dialogado con actores de los distintos sectores políticos y han coordinado reuniones con todas las bancadas previo a la votación que se hará mañana.
“Pedimos simplemente sentarnos a conversar. Nos parece que en la medida en que se abra una mesa de diálogo, no sería complicado llegar a una solución que nos contemple a todos y que no excluya a ningún sector”, indicó Breccia
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