Una delegación de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), se reunió este lunes con integrantes del próximo equipo económico que encabeza Gabriel Oddone. La gremial entregó una serie de propuestas que considera necesarias para mejorar la competitividad del sector.
Entre esos puntos, los industriales plantearon que en la próxima ronda de negociación colectiva se considere el tamaño de las empresas y su localización al momento de definir los ajustes salariales, según supo El Observador.
Desde hace tiempo, la gremial defiende que se establezca la negociación tripartita exclusivamente para acordar el salario mínimo por rama de actividad con el objetivo de garantizar un proceso transparente y representativo de los diferentes intereses.
En este caso, propone la iniciativa de fijar salarios mínimos diferenciales por tamaño de empresa y zona geográfica, reconociendo las distintas realidades laborales que existen en el país, y exceptuando a las empresas grandes.
Desde la CIU se ha señalado que el mecanismo de fijación de salarios hoy vigente “perjudica” a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del interior que están obligadas a pagar remuneraciones mínimas superiores a sus niveles de productividad. Además, se entiende que los costos que deben enfrentar ofician como “barrera de entrada” al mercado para nuevos emprendimientos y creación de nuevos empleos.
“Planteamos que las pautas para los próximos consejos de salarios sean reales, que se puedan llevar a cabo y no afecten más la competitividad del sector industrial”, había dicho el presidente de la CIU, Leonardo García, durante una rueda de prensa en el edificio Plaza Alemania.
Una “debilidad” de la negociación colectiva
En 2023 se publicó un informe sobre evaluación, oportunidades de mejora y propuestas para la negociación colectiva, que tuvo entre sus autores a Oddone, junto con los economistas Alfonso Capurro y Nicolás Cichevski.
En ese documento, se marcó como una “debilidad” que el esquema actual no reconoce adecuadamente la heterogeneidad “que está asociada entre otras cosas a la competencia que enfrentan las empresas; su tamaño y localización geográfica; sus niveles de productividad y las condiciones tecnológicas; el a financiamiento; y la estacionalidad de las actividades y las tendencias de negocios que las afectan e inciden sobre la utilización del factor trabajo”.
“Con el propósito de minimizar los efectos sobre el nivel de empleo y el grado de formalización de las relaciones laborales que la heterogeneidad aludida provoca, parece recomendable avanzar en la definición de umbrales de representatividad de los agentes intervinientes en las negociaciones, habilitar pisos salariales diferenciados definidos a partir de indicadores basados en evidencia, permitir flexibilidad en la definición de tareas y categorías en pequeñas empresas expuestas a condiciones estacionales marcadas, y hacer uso de extensiones diferenciadas de los períodos de vigencia de los acuerdos”, agrega ese texto.
Por otro lado, los industriales reiteraron que consideran “inconveniente” para la competitividad del sector la reducción de la carga horaria semanal.
La reducción de la jornada laboral es una vieja aspiración de la central sindical, impulsada -en primera instancia- por la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB) para algunas áreas de producción en Fábricas Nacional de Cerveza (FNC), y luego por la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Afines (Untmra) en empresas del sector.
A mediados de año vence la mayoría de los acuerdos en el sector privado. En los próximos meses los ministerios de Economía y de Trabajo comenzarán a elaborar las pautas que guiarán las negociaciones entre empleadores y sindicatos en la Décima Primer Ronda de Consejos de Salarios.
Costos de importaciones y control del contrabando
Con respecto a temas tributarios, los empresarios plantearon algunas medidas, por ejemplo, vinculados con costos de importación. Para el IVA Anticipo, se entiende oportuno diferir el 100% durante 180 días, ampliando el universo de las materias primas alcanzadas por este instrumento. “Creemos que para materias primas que se van a procesar en Uruguay ese anticipo de IVA se podría trasladar hacia adelante para que no sea un impacto financiero en el fabricante”, había dicho García el lunes a la salida de la reunión.
También hubo planteos vinculados a las prácticas desleales de comercio, especialmente el combate al contrabando organizado.
Cuando el año pasado la Cámara de Industrias elaboró un documento estratégico que presentó a todos los precandidatos presidenciales, había propuesto medidas de fiscalización centradas en el combate al contrabando, a través del fortalecimiento de controles en frontera, especialmente durante los períodos de atraso cambiario o desfasajes cambiarios en países vecinos.
Además, se considera fundamental que la Dirección Nacional de Aduanas y el Ministerio del Interior coordinen acciones para detectar el transporte de mercaderías de contrabando por las rutas nacionales.
