Contexto
¿Quiénes participaron en esta supuesta operación clandestina?
La figura central es Leire Díez Castro, exteniente de alcalde socialista y exfuncionaria colocada por el Gobierno en empresas públicas como Enusa y Correos. Participó en una videoconferencia con el empresario Alejandro Hamlyn, investigado por un fraude de 154 millones de euros. Estuvo acompañada por el empresario Javier Pérez Dolset, procesado por fraude, y el abogado Jacobo Teijelo. La reunión tenía como objetivo lograr información comprometedora contra Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO.
¿Qué motivó el interés del PSOE en Antonio Balas?
Balas encabeza las investigaciones judiciales que afectan al entorno directo del presidente del Gobierno, incluyendo a su esposa, Begoña Gómez; su hermano, David Sánchez; el exministro José Luis Ábalos, y el caso Koldo. Su papel en estas causas judiciales de alto impacto lo ha convertido en una figura clave para la Guardia Civil y un posible objetivo político para quienes desean desactivarlas.
¿Qué se dijo en la reunión sobre el teniente coronel?
Durante la videollamada, Leire Díez calificó a la UCO como "la Camorra de la Guardia Civil" y reiteró su objetivo con claridad: “Necesito a Balas. Así de claro.” Incluso Hamlyn llegó a decir: “Con una cosa que te dé de Balas, ya está, está muerto”, a lo que Díez respondió: “Perfecto. Ya está. Mejor todavía me lo pones”. La operación se centraba en hallar "una o dos irregularidades claras" para desacreditar públicamente al mando.
¿Qué ofrecieron a cambio de la información?
Leire Díez y sus acompañantes ofrecieron beneficios procesales a Hamlyn, incluyendo la posibilidad de influir en sus causas judiciales y fiscales. El empresario reclamó "un papelito", es decir, una garantía por escrito. En un momento, expuso supuestas conexiones entre la UCO y el narcotráfico, diciendo que los agentes “traían contenedores de cocaína”, aunque luego no presentó evidencia alguna.
¿Qué antecedentes tenía Leire Díez en este tipo de maniobras?
Según la información suministrada, Díez llevaba más de un año recopilando datos sobre personas y entidades vistas como enemigos del Gobierno. Aunque en un inicio el PSOE negó su rol en Ferraz, fue captada entrando y saliendo de la sede del partido, y se la vincula con el entorno del secretario de Organización, Santos Cerdán.
¿Se logró obtener la información deseada?
No. A pesar del entusiasmo mostrado en la reunión y la presión ejercida sobre Hamlyn, no se aportó ningún dato verificable que comprometiera al teniente coronel Balas ni a la UCO. Sin embargo, la operación generó múltiples reuniones y dejó al descubierto una estrategia de presión política sobre los cuerpos de seguridad.
¿Qué otros factores rodean esta operación?
El contexto incluye el aplazamiento de la deuda de 225 millones de euros del holding Hafesa —propiedad de Hamlyn— por parte de la Hacienda Foral del País Vasco, lo que podría haber influido en las expectativas del empresario.
Paralelamente, desde Moncloa se han emitido declaraciones insinuando que filtraciones de mensajes de Pedro Sánchez provienen de la UCO, sin pruebas que lo respalden.
Cómo sigue
Aunque el audio no logró el objetivo de obtener pruebas contra Antonio Balas, deja expuesto un intento deliberado desde esferas cercanas al PSOE para desactivar una de las unidades más sensibles de la Guardia Civil. La investigación que lidera Balas sobre figuras clave del entorno gubernamental continúa, mientras la publicación de esta conversación genera presión institucional y política.
El caso abre la puerta a nuevas acciones judiciales o parlamentarias para determinar responsabilidades y verificar si existió obstrucción a la justicia o tráfico de influencias. La UCO, por su parte, mantiene su labor investigativa bajo la atención pública, con especial foco en el informe en curso sobre Santos Cerdán y su vínculo con adjudicaciones de obra pública.
FUENTE: El Observador
