El Parlamento de Cataluña ha aprobado la creación de un nuevo cuerpo de funcionarios adscritos a la Conselleria de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, tras la aprobación de una proposición de ley impulsada por ERC.
Esta modificación de la Ley de acción exterior y relaciones con la UE ha generado un amplio debate político y polarizado las posturas de los diferentes grupos parlamentarios.
PP y VOX en contra
La nueva ley, que fue impulsada inicialmente durante el Govern de ERC, ha sido aprobada por lectura única con el apoyo de PSC-Units, ERC, Comunes y la CUP. En contraposición, los partidos de derecha, PP y Vox, votaron en contra, mientras que Junts y Aliança Catalana (AC) decidieron abstenerse.
Este nuevo cuerpo de funcionarios tendrá un papel clave en la acción exterior de la Generalitat y definirá el proceso de selección, las aptitudes requeridas y las funciones a desempeñar por los futuros integrantes.
La ley fue aprobada después de un largo proceso de debate que incluyó enmiendas a la totalidad de PP y Vox, además de otras modificaciones presentadas por Junts, PSC, ERC, Comunes y CUP, algunas de ellas de manera conjunta. Las diferencias en torno al alcance y las implicaciones políticas de la norma han sido un punto de fricción durante las deliberaciones.
Declaraciones y reacciones políticas
El debate en el Parlament reflejó la división política sobre el nuevo cuerpo de funcionarios. Hugo Manchón, del PP, acusó a ERC de estar llevando a cabo una conspiración contra España, apuntando que el cuerpo de acción exterior era una especie de "embajada falsa" y que los socialistas estaban colaborando en silencio con este proceso. Desde Vox, Alberto Tarradas subrayó que esta ley era parte de una estrategia del independentismo para construir estructuras de Estado paralelas a las del Gobierno central, acusando al PSC de rendirse nuevamente al independentismo.
Por otro lado, los impulsores de la ley defendieron su legitimidad. El diputado republicano Jordi Albert resaltó que la creación de este cuerpo era una reivindicación histórica de los sindicatos y de los profesionales de las ciencias políticas y la sociología, añadiendo que la norma se ajustaba a las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía y la Constitución Española.
La diputada de la CUP, Laure Vega, abogó por que el cuerpo de acción exterior tuviera un enfoque más amplio, que no solo se limitara a la UE, sino que también considerara otras relaciones internacionales, para evitar lo que ella calificó de "ideología europeísta" que podría aceptar acríticamente las propuestas de la UE.
Desde los Comunes, Andrés García Berrio celebró la reforma, calificándola como "útil y necesaria" para modernizar la istración catalana. Resaltó que esta norma responde a una visión de una "Cataluña abierta al mundo" que promueve el multilateralismo y los derechos humanos.
FUENTE: Europa Press
