El presidente confronta a los jueces, fiscales y periodistas que lo incomodan. La imputación a su esposa, Begoña Gómez, es su mayor debilidad.
Pedro Sánchez y Begoña Gómez
La motosierra está en marcha y el que la ha prendido esta vez no ha sido Javier Milei. La guadaña, versión española manual, la está afilando Pedro Sánchez.
El presidente del Gobierno ha esperado a que pasen las elecciones europeas para cortar cabezas, pero no en su gabinete para dar un aire renovado y fresco a la política española.
Sánchez pretende arrasar con fiscales, jueces y periodistas que han hecho de sus últimos meses en el palacio de la Moncloa una pesadilla al poner, por encima de su deseo, la ley y destapar la red de corruptelas que afectan directamente a su partido, a su esposa y a su hermano. Es decir, a él.
La presunción de inocencia es eterna hasta que un fallo judicial diga lo contrario, pero el cúmulo de indicios y pruebas, según Juan Carlos Peinado, el magistrado que tiene entre sus manos el expediente de Begoña Gómez (ella), parecen tener peso suficiente para haber imputado a la mujer (ahora se dice investigada) de la que Pedro Sánchez se declara “profundamente enamorado”.
Los elementos que la señalan por corrupción y tráfico de influencias permitieron a la fiscalía europea reclamar la parte de la causa que afecta a fondos de la UE y en España crear comisiones parlamentarias (unas más torpes que otras) y a los medios de comunicación no cansarse de publicar un escándalo tras otro.
Sánchez conserva la fidelidad ciega de lo que el periodista español Carlos Herrera llama “equipo de opinión sincronizada”, un grupo de periódicos, locutores y medios audiovisuales que, como su vicepresidenta, María Jesús Montero, le aplauden dentro y fuera de la sede del Legislativo y le animan a voces, a acelerar el paso (la guadaña) en la carrera por convertir en blanco lo que a la vista de un periodista que se precie de tal es a todas luces, al menos, marrón.
A su lado están los medios públicos con RTVE como principal estandarte de esta guerra por la verdad y la justicia y entre los privados, páginas webs subvencionadas, multimedios con licencia estatal adjudicada y periódicos afines políticamente cuando no con deudas de centenares de millones de euros refinanciadas con un guiño a los bancos del líder socialista que ordena, manda y prepara su venganza por temor a caer en desgracia que es lo mismo que decir a perder el blindaje que le da su investidura.
Sánchez es Sánchez y eso significa hacer suya la máxima del fin justifica los medios.
El fin es siempre quedarse en la Moncloa y si para lograrlo debe traicionar lo que decía que eran sus principios, no vacila. De mano larga hace suya las palabras de Groucho Marx que las traduce como un simple “cambio de opinión”.
Le ha tomado el gusta y no se ruboriza cuando en 48 horas pasa de decir que una amnistía a los sediciosos catalanes es inconstitucional, a utilizar al PSOE como correa de transmisión de una ley redactada con su mano izquierda y con la derecha de Puigdemont, para borrar el episodio golpista desde las instituciones catalanas que pretendía recortar el mapa de España para luego salir corriendo a Bruselas.
Sánchez es ese, pero también es el político incombustible que insiste una y otra vez en segundos que jamás pactará con Bildu y desafía: “¿Cuántas veces quiere que se lo repita?”, en vísperas de las elecciones generales para sellar un pacto casi de sangre con aquellos que siguen haciendo homenajes a los etarras. Los mismos que le delatan.
El perfil de Pedro Sánchez es un suma y sigue de contradicciones y traiciones propias, pero sobre todo es el de un vengador con la cuchilla del poder entre sus dedos.
La lista negra de periodistas y de los medios que no le bailan el charco en el que reboza el PSOE siente en la nuca la guillotina que fabrica el presidente.
El director de El Debate, Bieito Rubido, es uno de los que ha puesto en la diana. A Sánchez le resulta insoportable desayunarse un día sí y otro también, con documentos firmados por su señora para adjudicar contratos públicos a empresas que financiaban las actividades de Begoña, la estudiante sin licenciatura alguna que logró hasta una cátedra en la Universidad pública Complutense.
Ni hablar de los negocios con mascarillas durante la pandemia destapados con personajes como su escolta de votos en el PSOE, un vigilante de locales de luces de colores rojas de la noche conocido como Koldo, en istraciones regionales donde la actual presidenta del Congreso Francina Armengol, expresidenta de Baleares, pagaba millones por tapabocas inservibles.
Sánchez llama a ese contraataque con el que pretende amordazar a la prensa crítica “plan de acción democrática”.
Dice que Europa va en esa línea cuando Bruselas donde apunta es a Moscú y a su larga mano de bulos e injerencias en las elecciones. Sánchez adapta la historia a su relato y eso implica revisar los delitos de derecho al honor, de rectificación y todo lo que se le ocurra además de meter el bisturí en las fuentes de financiación de la prensa.
¡Que tiemblen los que no tengan fondo de armario económico e independencia financiera! Ellos tendrán un sitio en la purga sanchista.
El Poder Judicial es otra asignatura pendiente de este pirómano de la democracia que simula ser el bombero mayor del reino.
“¿De quién depende la Fiscalía General?”, preguntó hace tiempo a un desconcertado periodista que apenas atinó a decir, “del Gobierno”. “Pues eso”, le espetó Sánchez. El mensaje era y es sencillo, se hace lo que yo digo. Para eso colocó primero a la exministra Dolores Delgado al frente y ésta después a su subalterno, Álvaro García Ortiz, “Alvarone”, apodo creado por Federico Jiménez Losantos, versión opositora en la radio del argentino ultra K, Victor Hugo Morales.
El fiscal ordenó la difusión de los datos de Hacienda privados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid que desespera a Sánchez. Ese mismo fiscal ordenó también a los fiscales del juicio a los separatistas catalanes que digan que la ley de amnistía es constitucional y ellos, Jaime Moreno, Dolores Madrigal, Javier Zaragoza y Fidel Cadena, se han negado.
Los cuatro magníficos, como les ha bautizado una periodista, han recurrido a la junta de fiscales. Mientras el Tribunal Supremo decide si procesa a “Alvarone”, que ya se ha apresurado a anunciar que, en cualquier caso, no dimitirá.
El escenario se le complica al presidente Sánchez que insiste en su manual de resistencia.
A por ellos, jueces y periodistas, es su lema y amenaza con cambiar la ley para renovar el Consejo General del Poder Judicial, equivalente al Consejo de la Magistratura.
La decisión también es inconstitucional, pero a Sánchez, eso, a estas alturas, ya le da igual. Siempre y cuando la motosierra, su guadaña, le sirva para cortar las cabezas de los que considera sus enemigos: la prensa crítica y la justicia.