Luego de una larga jornada de debate, la Cámara de Diputados terminó de votar el proyecto de ley de reforma y rescate de la Caja de Profesionales Universitarios con un sabor amargo para el oficialismo que no solo no logró reunir los votos para aprobar los puntos centrales de su iniciativa sino que tuvo que ver como la oposición logró una mayoría circunstancial para imponer algunos cambios.
Tanto el Frente Amplio como el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente votaron en general el proyecto –lo que habilita a que la discusión siga en el Senado– y varios artículos pero el oficialismo no consiguió los votos para aprobar la “contribución pecuniaria” de los pasivos ni el aumento del aporte de los activos de 18,5% a 22,5%.
Sin embargo, la que sí logró una mayoría inesperada fue la coalición. En el momento de votar el aporte del Estado (a través de rentas generales) para cubrir el déficit de la Caja, los dos diputados de Identidad Soberana (Gustavo y Nicolle Salle) se retiraron de sala y la coalición –Cabildo Abierto incluido– hizo pesar sus 49 votos frente a los 48 que tiene el Frente Amplio.
De esa forma, el texto aprobado con los votos de la oposición establece un aporte mensual de $ 220 millones (US$ 5,3 millones) durante 2025 y a partir del año que viene serían US$ 39 millones anuales (lo que equivale a la recaudación del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social que aportan los profesionales jubilados).
La propuesta del Poder Ejecutivo, que no consiguió los votos en el plenario, era más barata para el Estado. Se trataba de $ 110 millones por mes en 2025 y unos US$ 36 millones por año a partir de 2026.
"Se ha votado el mecanismo de financiamiento que propuso la oposición", destacó el legislador colorado Conrado Rodríguez en el final de la sesión. "Está es una solución sustentable. No es una solución renga", agregó el blanco Pablo Abdala que celebró ese mismo mecanismo.
"No hemos aprobado el texto que hubiéramos querido", aseguró el diputado del Frente Amplio, Mariano Tucci, aunque destacó los aportes de la oposición. De todos modos, el texto ahora deberá ser estudiado por la Cámara de Senadores donde el Frente Amplio tiene mayoría.
Lo que quedó por el camino
El proyecto que llegó al plenario luego del trabajo de la comisión, donde el Frente Amplio tenía mayoría, creaba una contribución pecuniaria para los jubilados y aumentaba el aporte de los profesionales activos.
Sin embargo, como en el plenario el oficialismo no tiene las mayorías necesarias, y la oposición no estaba de acuerdo, esos artículos quedaron por el camino.
El Poder Ejecutivo pretendía aumentar de 18,5% a 22,5% el aumento de los activos y creaba una nueva escala de fictos que permitía que aquellos que quisieran seguir aportando lo mismo en plata se pudieran bajar de escalón y que el 22,5% represente lo mismo que antes representaba el 18,5%. Tomar esa decisión, obviamente, tenía un impacto negativo en la jubilación futura. La nueva escala de 15 escalones (actualmente es de diez) sí tuvo respaldo.
El impuesto o la denominada “contribución pecuniaria” a los jubilados que tampoco se aprobó, en tanto, era gradual y tenía alícuotas que iban desde el 2% hasta el 11%.
En el proyecto enviado en 2023 por el Poder Ejecutivo de Luis Lacalle Pou, cuando la actual oposición era oficialismo, había también un aumento del aporte de los activos y un impuesto para jubilados.
Para los activos, planteaba una nueva tasa de aportación de 19% (desde el 16,5% que estaba en ese entonces) y añadía que si el resultado financiero fuera negativo en el anterior ejercicio y se proyectara una nueva pérdida para el siguiente o alguno de los próximos tres, el directorio quedaría habilitado para aprobar un aumento de entre 0,5% y 1% anual, con un máximo de 22,5%.
Para los pasivos planteaba una contribución similar a la que plantea este gobierno pero un poco menos gravosa.
Sin embargo, en la discusión actual la oposición no aceptó ni poner impuesto ni aumentar el aporte de los activos.
Lo otro que el oficialismo no pudo aprobar fue la disminución de los integrantes del directorio. Actualmente tiene siete y el gobierno pretendía reducirlo a cinco pero la oposición no acompañó.
Para lo que sí hubo acuerdo
Varios pasajes del proyecto del gobierno tuvieron el respaldo de la coalición que incluso ya en comisión había apoyado esos artículos.
Una de las modificaciones es el adelantamiento del aumento de la edad de retiro respecto al régimen general. El texto aprobado en Diputados establece que los nacidos en 1967 se jubilarían a los 61 años. Eso iría aumentando de forma gradual hasta que los de 1973 y años siguientes lo harían a los 65 años. En el régimen general aprobado por la reforma de Luis Lacalle Pou recién los de 1973 se jubilarán a los 61 y los de 1977 a los 65.
El otro cambio es que a partir del nuevo texto el cálculo de la jubilación se va a equiparar con la del BPS en el sentido que se tomarán un promedio de los mejores 20 años de aporte. Hasta ahora ese cálculo hacía sobre los últimos tres.
Además, a propuesta de la coalición, los timbres profesionales (una de las formas de recaudación de la Caja) se empezarán a ajustar por Índice Medio de Salarios y no por una semisuma de ese indicador y del Índice de Precios al Consumo (IPC) como proponía el gobierno. Hasta ahora se ajustaban solo por IPC.
La otra propuesta que tuvo el respaldo de la mayoría de los partidos es que el Estado le otorgue una garantía soberana a la Caja para que pueda tomar crédito por hasta 2.000 millones de unidades indexadas (unos US$ 306 millones). Esos préstamos deberán tener la aprobación del Poder Ejecutivos.
¿Cómo sigue?
Ahora el proyecto será tratado por la Cámara de Senadores qua ya este jueves le dará entrada en un plenario. En la cámara alta el Frente Amplio sí tiene mayoría por lo que podría retomar la propuesta del Poder Ejecutivo y volver a incluir el aumento del aporte de los activos y la contribución de los pasivos.
Otro camino es que en el Senado se logre un acuerdo con la oposición y se apruebe un acuerdo intermedio. En ambos casos el texto debería volver a la Cámara de Diputados que lo debe aceptar o rechazar sin la posibilidad de hacerle cambios.
Si lo acepta, el proyecto se convierte en ley. Si lo rechaza está la posibilidad de ir a Asamblea General donde se precisa una mayoría de dos tercios –que el Frente Amplio no tiene– para aprobar la iniciativa.
