El Ministerio de Economía anunció este miércoles en el Parlamento que incluirá dentro del proyecto de reforma de la Caja de Profesionales la posibilidad de que el Estado le otorgue una garantía soberana para la obtención de préstamos, según reconstruyó El Observador a partir de legisladores que participaron de la comisión.
La garantía será hasta por 2.000 millones de unidades indexadas (unos US$ 306 millones) y para que la Caja de Profesionales pueda tomar cdeuda con esa garantía deberá tener la aprobación del Poder Ejecutivo. Se trata de una herramienta muy similar a la aprobada para la Caja Bancaria en el 2023 que era por un monto de 2.625 millones de UI.
Este anuncio, realizado ante la comisión de Diputados que estudia el proyecto de reforma de la Caja de Profesionales, es un cambio en la postura del Poder Ejecutivo ya que hasta ahora el único aporte que pensaba hacer el Estado era a través de una asistencia directa.
“El planteo es de una inyección de recursos, no va a ser una garantía soberana. El Estado va a concurrir con una asistencia y se está definiendo la cuantía”, había dicho a El Observador a principios de abril el director nacional de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico.
La garantía del Estado le permitirá a la Caja de Profesionales acceder a mejor financiamiento, aunque de todos modos se deberá hacer cargo de pagar los intereses y la amortización. Con ese aval, la Caja Bancaria recibió dos préstamos. Uno fue otorgado por el Banco República (BROU) por US$ 80 millones; el segundo por Fonplata, en ese caso por US$ 50 millones.
Además, a principios de diciembre del año pasado, el directorio de CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- aprobó una línea de crédito no comprometida por hasta US$ 300 millones a favor de la Caja Bancaria, con la misma garantía oficial de respaldo.
Sin cambios
El Poder Ejecutivo no anunció cambios en la parte medular del proyecto pero sí informó de otras modificaciones a la iniciativa en las que recoge planteos de distintos colectivos.
Uno de esos cambios es que flexibiliza la posibilidad de dejar de aportar una vez que la persona llega a 65 años y 30 de aporte y seguir en actividad. El proyecto inicial preveía esa posibilidad para los que tengan causal jubilatoria a partir de 2038, pero el gobierno está dispuesto a que se empiece a aplicar con los que tengan causal una vez que se apruebe el proyecto.
Además, el gobierno también planteó la posibilidad de adelantar el primer ajuste de los timbres, pero no quiere modificar el indicador por el que se realizará.
Si bien los cambios propuestos fueron bien recibidos por los diputados de la oposición, no hubo alternativas para la parte central del proyecto por lo que las mayorías necesarias para aprobarlo por ahora no están.
La oposición trabaja para tratar de presentar una alternativa pero también tiene dificultades para fijar una postura única. Los legisladores de la oposición estuvieron reunidos durante toda la jornada de este martes y volverán a juntarse esta tarde para tratar de acordar una postura que luego sea respaldada por las distintas bancadas.
El Partido Nacional y Cabildo Abierto coinciden en que es necesario que el Estado aporte más plata pero los cabildantes entienden que directamente no deben haber un impuesto para los jubilados de la Caja de Profesionales, tal como plantea el gobierno.
Los colorados, por su parte, si bien entienden que la posibilidad de que el Estado ponga más recursos está sobre la mesa, son de la partida de buscar otras alternativas aunque saben que es difícil encontrar una nueva fuente de dinero. Y Gustavo Salle tiene como bandera tocar los recursos de las AFAP y por eso propone que el aporte que hacen los profesionales que se declararon en no ejercicio a esos fondos previsionales sea redirigido a la Caja.
La propuesta del gobierno
La Caja de Profesionales está ante una situación de emergencia y si no se realizan modificaciones a partir de julio no tendrá dinero para poder pagar todas las obligaciones.
En ese contexto es que el gobierno plantea realizar un rescate que implica una asistencia del Estado pero también un aumento de lo que pagan los profesionales activos y un aporte extra para los jubilados de la Caja.
Para los profesionales activos el aumento es pasar de un aporte del 18,5% al 22,5% del sueldo ficto de la categoría que les corresponda. Para los que obtengan la habilitación profesional este año se mantendrá la escala de 10 categorías y para los que la consigan a partir del 1º de enero de 2026 habrá 15 para evitar saltos tan bruscos entre categorías. Además, se le permitirá a los profesionales bajar de categoría para que, con la nueva escala, puedan seguir aportando la misma cantidad de dinero.
Los pasivos tendrán una contribución pecuniaria. La primera franja, de entre 0 a 6 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), no tiene aporte previsto. La segunda de entre 6 a 10 BPC aportará un 2%. La tercera franja de entre 10 y 15 BPC pasa a 7,5%; la próxima de entre 15 y 20 a 10% y en la de 20 a más la tasa es de 12%. La BPC para 2025 es de $ 6.576. El promedio es de una tasa de 9%, que generará un piso de ingresos de US$ 40 millones al año.
La inyección financiera del Estado está planteada de otra manera. El proyecto de ley propone para el ejercicio 2025 una asistencia del Estado -a través de Rentas Generales- de $ 110 millones al mes. El total ascendería a $ 1.320 millones al año, equivalentes a US$ 31,1 millones.
Complementa que a partir de enero de 2026 el aporte será el equivalente a dos tercios (66%) del promedio mensual de lo recaudado por la contribución pecuniaria de los jubilados profesionales. Tomando en cuenta el piso previsto de US$ 40 por el impuesto a los jubilados, la inyección estatal de 2026 sería de US$ 26,4 millones.
