La Junta de Ética y Transparencia Pública (Jutep) denunció ante Fiscalía presuntas irregularidades cometidas por la Intendencia de Florida en la contratación de una empresa perteneciente a familiares de una exsecretaria del intendente Guillermo López y desarchivó dos casos en los que se investiga a personas o instituciones vinculadas al Frente Amplio.
Según informó El País y confirmó El Observador, en la sesión de este martes la Junta votó de forma unánime denunciar lo ocurrido en Florida y decidió investigar en forma paralela si existió una desviación a la normativa.
En julio de 2023 Natalia Castellini, secretaria del intendente López, renunció a su cargo después de que se conociera que la comuna contrató en reiteradas ocasiones a una empresa de la familia de Castellini mediante compras directas.
Varias de las compras que la comuna le hizo a la empresa Rodríguez Castellini y Rodríguez Coito –que pertenece al hijo y al exesposo de la secretaria– fueron observadas por el Tribunal de Cuentas (TCA) por superar los montos permitidos para contratar mediante compra directa. Pero, a su vez, el servicio que se le compra a la empresa se realiza prácticamente todos los meses y no se llamó a licitación.
Según los registros en la web de la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE), las primeras compras se realizaron en 2020. En octubre de ese año se publicó la compra de alquiler de una retroexcavadora para recolectar residuos no domiciliarios que se realizó en julio de 2020 por $199.348.
Compras de este tipo se repitieron durante varios meses del 2020 y 2021, y también se registró una compra en 2023. Según el TCA, en total de las compras directas a la empresa de la familia de Castellini suman en total unos US$ 70 mil.
Según confirmó a El Observador la presidenta de la Jutep, Gabriela Di Longo, y la vocal Ana María Ferraris iban a votar el pase de la denuncia a Fiscalía el pasado 25 de julio, pero el vicepresidente Guillermo Ortiz, representante del Partido Nacional, se opuso a esa decisión y fundamentó aspectos legales del derecho a dar vista a la Intendencia de Florida.
Di Longo explicó que el decreto 354 establece que las denuncias que cualquier interesado hiciere sobre delitos se deben presentar directamente ante la Justicia o la Fiscalía y los que se presenten ante la Jutep "no podrán ser objeto de conocimiento ni de calificación por dicho órgano" y deberán ser inmediatamente cursados a la Fiscalía de Corte. La presidenta pidió un informe al área Jurídica para analizar si era pertinente intervenir.
El informe que llegó a la directiva marcó que Jutep debe actuar "dentro de sus cometidos frente a las denuncias que pueden estar o no en la órbita penal", en lo que representa una "evolución histórica de la normativa vigente", por lo que los integrantes decidieron llevar el caso de Florida a Fiscalía.
Reinterpretación de la normativa llevó a que Jutep desarchivara denuncia contra Charles Carrera y contra la Intendencia de Montevideo
Gracias a esta nueva interpretación de la normativa, Jutep desarchivó la denuncia contra los legisladores frenteamplistas Charles Carrera y Susana Pereyra por la utilización de los servicios del Hospital Policial en los gobiernos anteriores.
El caso fue denunciado originalmente a Fiscalía por el Ministerio del Interior, que indicó que Carrera autorizó que Víctor Hernández, un civil que quedó paralítico tras recibir un disparo que denuncia provino de un policía, se atendiera en el Hospital Policial sin tener calidad de Policía como lo pide la normativa.
La denuncia llegó al Parlamento, en el que se generó una comisión investigadora –solamente integrada por legisladores oficialistas ya que el Frente se excusó de participar– que denunció el uso personal indebido del Hospital Policial por parte de Carrera y Susana Pereyra, y trasladó el caso a la Jutep, que con la interpretación anterior había archivado la investigación porque el caso ya se encontraba en Fiscalía.
La Junta también sacó del archivo y volverá a investigar la denuncia de ediles de la Junta Departamental de Montevideo contra la Intendencia capitalina por enviar una donación de mochilas y remeras a la sede del Frente Amplio para una correcaminata de recaudación para la campaña del referéndum contra la LUC.
Este caso causó la renuncia del titular de la Secretaría de Deportes de la Intendencia de Montevideo, Marcelo Signorelli.
