La autonomía y discrecionalidad que tienen las intendencias para contratar funcionarios suelen ponerse arriba de la mesa con cierta periodicidad, cuando las oposiciones de turno detectan que algún jefe municipal usó esas potestades para premiar con empleo a militantes de su sector político.
Las controversias se arrastran desde hace décadas y tienen como origen una diferencia entre la istración central y las departamentales que fue incluida en la Constitución, lo que supone una mayor dificultad para modificarla ya que los cambios necesitan mayorías especiales para ser aprobados.
Pero esa tendencia a la inacción está próxima a cambiar, ya que el Senado se apresta a comenzar a discutir un proyecto presentado por el colorado Adrián Peña que propone igualar las exigencias de las intendencias con las de los ministerios y empresas públicas, y prohibir la posibilidad de que puedan contratar cuando falte menos de un año para las elecciones.
El senador dijo a El Observador que el proyecto tiene un punto de partida favorable ya que dos tercios de sus compañeros de cámara –el mínimo exigido– están de acuerdo.
Federico Gutiérrez
Proyecto es promovido por Adrián Peña
Peña señaló que la propuesta es apoyada por los otros tres senadores del Partido Colorado, los tres de Cabildo Abierto, los trece del Frente Amplio y el nacionalista Jorge Gandini, lo que da la mayoría de dos tercios (21 en 31). “Posiblemente algún blanco más se sume”, agregó y señaló que el proyecto estuvo a punto de ser aprobado como aditivo en esta Rendición de Cuentas pero se frustró debido a la ausencia en sala del senador Mario Bergara.
Consultados por El Observador, tanto Gandini como integrantes de Cabildo Abierto y del Frente Amplio hicieron mención a la votación en la ley presupuestal como una señal de su disposición para aprobarlo.
Si bien consta de seis artículos, lo medular del proyecto queda resumido en el primero, el cual señala que son “aplicables” a los gobiernos departamentales “las normas legales que establecen para la designación de personal presupuestado o contratado de la istración central, el preceptivo procedimiento de concurso público y abierto”.
A su vez, también valida para las intendencias las normas que prohíben “designar personal presupuestado o contratado en el período de un año previo a la finalización del período de gobierno”.
En la exposición de motivos, el senador señaló que las normas eran “reglas de buena istración” que evidenciaban la “conveniencia de hacerlas extensivas” a los funcionarios de las intendencias.
Este lunes, en su cuenta de Twitter había considerado “urgente” que los ingresos a todas las intendencias se dieran por concurso, prueba de aptitud o sorteo como en la istración central.
Contraste con ministerios
Según informó la Oficina Nacional de Servicio Civil en la Rendición de Cuentas, en 2022 los gobiernos departamentales tuvieron 7.631 altas de las cuales 5.071 fueron por designación directa (66,5%).
A su vez, 29,4% entraron por concurso, 2,6% por sorteo, 0,3% por elección directa (ediles y alcaldes), 0,6% por lista de aspirantes y 0,6% por otros mecanismos.
El porcentaje contrasta con lo que ocurrió en los ministerios donde los ingresos por designaciones directas representaron solamente el 0,6%. A su vez, en ANEP, ASSE y Udelar el porcentaje se ubicó en 5,4% y en empresas públicas como UTE, OSE y Antel fue de 1,1%.
El “desmadre”
La intención de promover el proyecto se disparó en mayo cuando el Parlamento discutía la extensión de los jornales solidarios, el programa de empleos temporales que el gobierno financia en coordinación con las intendencias.
En esa sesión, tal como ocurre en otras, el debate derivó en la utilización política de la autonomía por parte de los intendentes, algo denunciado –en este caso– por Germán Coutinho.
El senador dijo que el intendente de Salto, Andrés Lima, estaba contratando de forma directa a dirigentes políticos pasando por encima de las carreras de funcionarios que tienen 30 y 40 años en la intendencia.
El planteo fue contestado por el frenteamplista Óscar Andrade, quien citó los informes de la ONSC y le señaló que las intendencias que más contrataban de forma directa eran Soriano, Treinta y Tres y Durazno, todas bajo la istración del Partido Nacional.
Las cifras fueron cuestionadas por el blanco Sergio Botana, que aseguró que la ONSC sistematizaba mal los datos y consideraba como “designaciones directas” algunas renovaciones. “Me parecería muy sano que traigamos al director del Servicio Civil y a quienes hacen los registros, porque es verdad que en algún momento me ha tocado sufrir ese modo de registrar, rebuscado, equivocado, con tecnicismos adaptados a los que están más cercanos y bastante alejados de la realidad”, dijo según consignó La Diaria.
En ese marco, Peña anunció que iba a presentar el proyecto para “ordenar estos temas” porque “lo que se vive es un desmadre, y este debate evidencia que ese tema lo tenemos que tratar con seriedad”.
