El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso un paquete de proyectos de ley destinados a regularizar los ahorros no declarados de los ciudadanos, principalmente aquellos que se encuentran fuera del sistema financiero. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que los proyectos fueron firmados por él y por el presidente en la noche previa a su declaración pública y presentados electrónicamente para su tratamiento legislativo. Este paso forma parte de una serie de reformas impulsadas por el Ejecutivo para formalizar los recursos fuera del sistema financiero y estimular la inversión.
El proyecto apunta a proporcionar garantías legales para quienes han guardado sus ahorros en dólares fuera del sistema bancario debido a las crisis económicas recurrentes que ha atravesado el país. Francos destacó que la situación económica de los últimos años ha llevado a muchos ciudadanos a adoptar esta práctica de forma generalizada. El ministro indicó que se trata de una medida necesaria para resolver una problemática histórica: la inseguridad jurídica que enfrentan los ahorristas que resguardan sus recursos fuera de los cauces tradicionales.
Modificaciones en las normativas económicas
El texto legislativo busca modificar aspectos fundamentales de la legislación vigente sobre delitos económicos. Uno de los puntos clave de la propuesta es la modificación de la Ley Penal Económica, que establece las normas para sancionar las conductas ilegales vinculadas con el manejo de activos. Según el funcionario, se busca generar condiciones favorables para quienes deseen reintegrar sus ahorros al circuito económico sin temor a enfrentar sanciones derivadas de leyes previas.
Francos detalló que los cambios en la legislación abarcan también la reducción de los plazos de prescripción de ciertos delitos relacionados con la tenencia de fondos no declarados. Este aspecto es crucial para brindar seguridad jurídica a los ciudadanos que decidan poner en circulación su dinero sin el temor de ser penalizados por normativas que datan de décadas anteriores. “Queremos que eso se vuelque a la actividad económica para generar crecimiento”, subrayó Francos en su discurso, haciendo hincapié en que la medida forma parte de una política económica para fomentar el consumo e incentivar la inversión dentro del país.
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Uno de los elementos fundamentales de este proyecto de ley es la regularización de lo que se ha denominado "dólares del colchón". Esta expresión hace referencia a los ahorros en dólares que, debido a las crisis económicas y la desconfianza en las entidades financieras, han sido conservados por muchos argentinos fuera del sistema formal. Según el jefe de Gabinete, el proyecto está diseñado para proteger los ahorros de los argentinos y permitir que estos puedan ser utilizados de manera legal en el mercado sin que los ahorristas enfrenten represalias por la falta de declaración de esos fondos en el pasado.
Francos explicó que el Gobierno tiene plena conciencia de que este tipo de medidas pueden ser vistas con recelo por aquellos que han optado por no declarar sus ahorros. No obstante, el funcionario destacó que las modificaciones en la legislación están pensadas para que los ahorristas puedan regularizar su situación sin la necesidad de pagar por los errores cometidos en el pasado.
Implicancias fiscales y nuevos umbrales de control
Además de los cambios relacionados con la Ley Penal Económica, el proyecto también contempla medidas que afectan el control de las operaciones económicas de gran escala. En este sentido, la Unidad de Información Financiera (UIF) ha anunciado una serie de ajustes en los umbrales de control para transacciones inmobiliarias y de automotores, con el fin de facilitar el flujo de recursos hacia la economía formal y eliminar las barreras que dificultan las transacciones de bienes de alto valor.
Por ejemplo, el límite para reportar operaciones inmobiliarias, que antes era de 200 salarios mínimos (aproximadamente $62.680.000 o US$52.900), se ha incrementado a 750 salarios mínimos (unos $235.050.000 o US$198.000). Este ajuste tiene como objetivo reducir la burocracia y simplificar el proceso de reporte para quienes realicen este tipo de operaciones. Del mismo modo, las transacciones de automóviles que superen los $50.000.000 (US$42.300) también deberán ser reportadas, lo que representa un aumento respecto del umbral anterior de $26.000.000 (US$21.900).
La UIF también ha dispuesto una modificación en los requisitos para la elaboración del perfil del cliente en la compraventa de vehículos. El límite de $60.000.000 (US$50.600) se ha incrementado a $115.000.000 (US$97.100). A partir de ese límite, los sujetos obligados deberán requerir la declaración jurada de origen y licitud de fondos. Esta reforma elimina la necesidad de certificación contable, simplificando el proceso y reduciendo la carga burocrática sobre las transacciones.
En cuanto a la reducción de la presión impositiva, el Gobierno ha señalado que la reforma no implica una nueva carga fiscal. Al contrario, el objetivo principal es formalizar recursos que ya existen en el país y que hasta ahora no han sido utilizados de manera productiva. De esta manera, se busca aumentar la base monetaria sin la necesidad de recurrir a la emisión de nueva moneda, lo cual está en línea con el enfoque fiscal del presidente Milei de evitar la inflación por emisión.
Perspectivas y objetivos de la iniciativa
En sus declaraciones, Guillermo Francos enfatizó que la iniciativa busca, principalmente, eliminar obstáculos legales que actualmente disuaden a muchos ciudadanos de integrar sus ahorros al sistema económico. “Es un paso muy importante para la inclusión financiera y el fortalecimiento de nuestra economía”, dijo el funcionario, al referirse a las posibles repercusiones positivas de la medida.
Además, Francos explicó que la legislación está diseñada para garantizar seguridad jurídica a los ahorristas y fomentar su participación en el mercado formal. “Con esta ley, buscamos ofrecer un entorno más seguro y confiable para que los ahorros no declarados puedan ser aprovechados de manera formal”, agregó el jefe de Gabinete. En cuanto a los plazos de prescripción de ciertos delitos económicos, Francos adelantó que estos se verán reducidos, lo que ofrecería un marco más ágil y seguro para aquellos que deseen utilizar sus ahorros sin el temor a ser sancionados por normativas pasadas.
El proyecto también se enmarca dentro de la estrategia más amplia del Gobierno para aumentar la base monetaria sin recurrir a la emisión de nueva moneda. Esto se complementa con otras medidas fiscales que buscan reducir la presión impositiva y fortalecer la estabilidad económica, sin afectar el equilibrio fiscal del país. Además, se reconoce que la informalidad en el manejo de los ahorros no tiene necesariamente una connotación delictiva; por el contrario, muchos ciudadanos tomaron esa decisión como una forma de proteger sus recursos de la inflación y la volatilidad cambiaria.
