La asociación mayoritaria de la Guardia Civil, JUCIL, expresó este lunes su “profunda preocupación” por lo que califica como una “purga sistemática” de altos mandos dentro del cuerpo, supuestamente impulsada por el Gobierno del PSOE desde su llegada al poder en 2018.
La organización señala especialmente a la Unidad Central Operativa (UCO), a la que considera objeto de presiones y ceses que estarían debilitando su capacidad operativa.
“La UCO ha sido históricamente una de las unidades más independientes y valientes en la lucha contra la corrupción y la mala praxis política en España. Sin embargo, en los últimos años hemos sido testigos de decisiones que apuntan a su desmantelamiento”, denunció JUCIL en un comunicado.
Denuncian que se busca apartar a Balas
La alarma de la asociación coincide con la publicación de un audio por parte de El Confidencial, en el que supuestamente personas cercanas al PSOE solicitan al empresario Alejandro Hamlyn información comprometedora sobre el teniente coronel Antonio Balas, actual jefe de la UCO y responsable de investigaciones sensibles como el caso Koldo y las pesquisas sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
“Ahora se pretende apartar también al teniente coronel Antonio Balas, quien lidera investigaciones clave que afectan al entorno más cercano del presidente del Gobierno, incluida su esposa y su hermano, David Sánchez”, afirma JUCIL.
En su comunicado, la asociación recuerda otros casos que considera precedentes de esta presunta estrategia de desmantelamiento de la UCO, como el cese en 2018 del entonces coronel jefe de la unidad, Manuel Sánchez Corbí, por “pérdida de confianza”, según alegó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
También mencionan el caso del coronel Diego Pérez de los Cobos, destituido en 2020.
JUCIL acusa además a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, de utilizar a los agentes “como moneda de cambio” en sus negociaciones con el Ministerio del Interior y el Ejecutivo.
El audio que compromete al Gobierno de Sánchez
El audio publicado por El Confidencial reveló una reunión entre emisarios del PSOE y un empresario investigado, en la que se pide información comprometedora contra el jefe de la UCO, Antonio Balas.
La interlocutora principal en ese encuentro, Leire Díez Castro, vinculada a Moncloa y Ferraz, ofreció beneficios judiciales a cambio de material que dañara al mando policial. En tanto, el empresario Alejandro Hamlyn, procesado por fraude fiscal, pidió garantías escritas a cambio de colaborar.
El intento quedó expuesto tras comprobarse que Hamlyn no poseía pruebas reales contra Balas ni contra la UCO.
Durante la videollamada, Leire Díez calificó a la UCO como "la Camorra de la Guardia Civil" y reiteró su objetivo con claridad: “Necesito a Balas. Así de claro.” Incluso Hamlyn llegó a decir: “Con una cosa que te dé de Balas, ya está, está muerto”, a lo que Díez respondió: “Perfecto. Ya está. Mejor todavía me lo pones”. La operación se centraba en hallar "una o dos irregularidades claras" para desacreditar públicamente al mando.
Balas encabeza las investigaciones judiciales que afectan al entorno directo del presidente del Gobierno, incluyendo a su esposa; su hermano, David Sánchez; el exministro José Luis Ábalos, y el caso Koldo.
Su papel en estas causas judiciales de alto impacto lo ha convertido en una figura clave para la Guardia Civil y un posible objetivo político para quienes desean desactivarlas.
Más asociaciones denuncian "intromisiones"
La preocupación fue compartida por otras organizaciones dentro del cuerpo. Desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) reclamaron respeto a la independencia de la UCO y advirtieron que “en un Estado de derecho no pueden permitirse presuntas intromisiones en el trabajo de las unidades de investigación”.
En este sentido, lamentan que la Dirección General del cuerpo “no haya salido en defensa del trabajo de sus agentes”, especialmente en casos complejos.
En la misma línea, la asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC) calificó como “grave” cualquier intento de “desestabilizar” a la UCO y a su actual responsable.
“La UCO representa una de las unidades más eficaces en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Su independencia debe ser protegida sin ambigüedades. Cualquier intento de condicionar su labor es un ataque directo al corazón del Estado de derecho”, indicó IGC.
