Un juzgado de Ávila investiga a varios funcionarios de la cárcel de mujeres de Brieva por su posible implicación en una causa que sostiene que estos trabajadores públicos habrían mantenido relaciones sexuales a cambio de un teléfono móvil, con Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente por el asesinato del niño Gabriel Cruz en 2018.
Los videos de los encuentros sexuales
Según reporta El País, la asesina de Gabriel Cruz habría usado el teléfono para grabar sus encuentros sexuales con los funcionarios, presuntamente para chantajear a la dirección del centro penitenciario. La investigación se centra en el presunto uso del móvil para obtener beneficios dentro de la cárcel, incluido un intento de conseguir su traslado a una prisión en Barcelona.
La denuncia de la madre del niño Gabriel
La madre de Gabriel Cruz, Patricia Ramírez, ha denunciado públicamente una situación de "desamparo y desprotección institucional" en relación con el trato a su familia por parte de las autoridades. En una rueda de prensa que convocó para este miércoles, Ramírez abordará tanto el abuso dentro de la prisión como las irregularidades judiciales que ha sufrido en el proceso.
Además, Ramírez ha señalado que la presencia del teléfono móvil de Quezada dentro del centro penitenciario constituye una violación de las normativas que deberían regir en la cárcel. En sus denuncias, la madre del menor también ha expresado su preocupación por las implicaciones que esta situación tiene en la integridad moral de su familia.
Por la noche y en la celda
El informe de la cárcel revela que las relaciones sexuales entre Quezada y los funcionarios, así como el chantaje posterior, ocurrieron en las noches dentro de su celda. El teléfono móvil, según los testimonios, fue utilizado por la pareja de Quezada para amenazar con hacer públicas las grabaciones y dañar la imagen del centro y su dirección.
Otro documental y una denuncia
La denuncia de Patricia Ramírez no es la primera que involucra a la prisión de Brieva, ya que, en 2024, la madre de Gabriel Cruz solicitó investigar un intento de firma de contrato entre Quezada y una productora audiovisual interesada en grabar un documental sobre su vida.
El caso ha desatado una ola de indignación tanto en el ámbito político como en la sociedad. En su intervención en el Senado, Patricia Ramírez reclamó un pacto de Estado para regular los contenidos de true crime, que afectan a las víctimas de crímenes graves, como el de su hijo Gabriel Cruz.
