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13 de junio 2025 - 5:00hs

Con el "motivo especial" de un cáncer terminal, un trasplante de órgano o un incendio, "sin aportarse" ninguna documentación que acreditara esa situación, el Fondo Social de la Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc) entregó 40 partidas especiales durante 2023 a personas inexistentes. Esos préstamos eran autorizados siempre por Santiago Bernaola y Bruno Bertolio, dos de los tres sindicalistas condenados por la justicia este jueves, en una de las maniobras realizadas para apoderarse del dinero del fondo, en lo que la Fiscalía de Delitos Económicos definió como "una cadena delictiva organizada mucho más amplia que incluye al Sunca y al Partido Comunista".

En la audiencia de este jueves a cuyo audio El Observador accedió, la fiscal adjunta de Delitos Económicos Gabriela Gómez señaló que la investigación constató "un modus operandi tendiente a financiar actividades" que incluyó a no menos de 15 personas que cumplían distintos roles -unos transferían dinero, otros lo recibían, otros lo derivaban- "permitiendo que el dinero mal habido" siguiera "la ruta diseñada, con carácter sólido" en lo que constituyó una verdadera asociación para delinquir.

La fiscalía constató que en principio las maniobras ascendieron a $ 47,5 millones y US$ 22.260, lo que supera el US$ 1 millón. Además señaló que, si bien las maniobras detectadas arrancan en 2023, "no se puede descartar" que hayan empezado antes.

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El caso derivó además en una indagatoria paralela de lavado de activos -que ya está a cargo de la Secretaria Antilavado y un equipo mutidisciplinario- ya que con el dinero robado se compraron bienes muebles e inmuebles. Esa investigación incluye verificar lo declarado por los indagados y condenados en cuanto a que el dinero era destinado también a "la propia estructura sindical, al Sunca, o incluso al Partido Comunista".

"Mulas financieras" para el Sunca y el Partido Comunista

Al tomarse licencia la trabajadora que pagaba los salarios del Fosvoc, Stella Rey, quien la suplió se percató de “movimientos llamativos en las cuentas bancarias de la institución”. Según el relato de la fiscalía en la audiencia “se trataba de transferencias electrónicas a terceros realizadas por Rey sin comprobantes ni justificación y por conceptos que tenían que ver con pago a proveedores o beneficiarios que no se encontraban dentro de las competencias” de su tarea.

Se dispuso entonces una auditoría externa realizada por la contadora Silvana Ramírez, quien constató que Rey efectuó 193 transferencias bancarias electrónicas no justificadas, por un monto de $ 35.627.581 y US$ 17.500. Los beneficiarios eran los 14 sindicalistas que figuran como indagados en la investigación.

“Se trató de un conjunto de personas que recibieron dinero en sus cuentas bancarias por transferencias desde el Fosvoc hechas por Rey, que luego a través de otras transferencias o a través de retiros en efectivo salieron de estas cuentas a las que podríamos denominar mulas financieras”, señaló la fiscal.

Concluyó que ese dinero fue destinado o a Bruno Bertolio o a una tercera persona “que es parte de la investigación que va a continuar en fiscalía”.

Resaltó que las declaraciones de las más de 30 personas a las que citaron son “casi unívocas" en cuanto a que el dinero, "tenía como finalidad financiar la estructura sindical del Sunca o al Partido Comunista”.

Ello llevó a la fiscalía a concluir que los tres condenados en proceso abreviado (junto a Bernaola y Bertolio, Víctor Rivero que irán a la cárcel en promedio dos años) "son eslabones de una cadena delictiva mucho más amplia".

La mención a Andrade y la que "operaba en las sombras"

Los tres sindicalistas declararon ante la fiscalía este miércoles que la práctica delictiva que se investiga dentro del Fosvoc “no es novedad” para varios de los integrantes.

Según la declaración a la que El Observador accedió, Rivero habló de “una trama”. “Es una trama que no viene de hace dos o tres años, esto es de mucho tiempo atrás e implicó a varias istraciones del Partido Comunista”, apuntó.

Ante la pregunta de si las autoridades del PCU habían tenido alguna implicancia en el desvío de fondos desde el Fosvoc, Bertolio dio a entender que no estaban en la “operativa” pero sí “eran parte de la trama”. Sobre lo último, mencionó que el senador del Frente Amplio Óscar Andrade y el diputado del mismo partido Daniel Diverio sabían “qué se hacía con el dinero y para qué se lo destinaba”.

El fiscal Gilberto Rodríguez dijo en rueda de prensa este jueves que Andrade y Diverio “en principio están en carácter de imputados, porque se les está atribuyendo cierta participación dentro de lo que es toda la investigación de estos hechos”. Agregó que se los señala como que estaban “dentro del sistema donde circulaban todas estas maniobras”. “El conocimiento, la participación, todo eso es objeto de la investigación, que no podemos saber qué tanto y si hay en efecto participación, de qué tipo, es parte de la investigación de lo que tenemos que saber”, afirmó.

20250611 Óscar Andrade. Cámara de Senado. Senadores del Frente Amplio, FA.

Los condenados afirmaron que los desvíos se daban con anterioridad a 2023 se hacían mediante cheques o en efectivo y no por transferencia bancaria.

Fuentes policiales indicaron que el caso tuvo “una pista firme” cuando se pudieron visualizar las transferencias realizadas por Rey, cuyo dinero luego no era devuelto.

Bernaola, Bertolio y Rivero intentaron justificar el desvío de fondos apuntando a la compra de materiales para socios del fondo. Sin embargo, cuando la Policía fue a chequear esta pista, se encontró que se trataba de personas que habían muerto o que los datos no eran reales porque había cientos de cédulas falsas.

“Nadie se preguntaba nada, venía la orden de los compañeros y nosotros íbamos para adelante”, apuntaron, según la declaración a la que tuvo El Observador.

De hecho, insistieron en que en ningún momento se cuestionaban las órdenes que daban sus superiores y bajo ese esquema movieron miles de pesos físicos sin “saber que estaban haciendo mal”.

Muchas de las órdenes, según los sindicalistas, fueron dictados por Laura Alberti la secretaria de Finanzas del Sunca. De acuerdo con Bernaola, Bertolio y Rivero, la dirigente sindical era quien les decía: “Lleven la plata a tal lado, démosela a fulanito de tal, compren un auto”.

En ese esquema Alberti era quien operaba “desde las sombras”, pero “hacía funcionar la cosa”. Los condenados aseguraron que el desvío implicó “mucho más que la cifra que tienen” las autoridades, porque se movieron billetes físicos con los que se compraban insumos para el Partido Comunista y para el Sunca.

La negociación de la defensa de los condenados, a cargo de Raúl Estomba, con el fiscal titular Gilberto Rodríguez intentó evitar la imputación por un delito de lavado de activos.

Esta figura delictiva, que se investiga, surgió por la compra que uno de los condenados hizo de un terreno de US$ 20.000 en Canelones. Luego saltaron más compras y por eso en la audiencia se decomisaron dos autos, cuyo valor supera los US$ 15.000.

Préstamos especiales y partidas espejo

La otra maniobra detectada, mencionada al comienzo de la nota, se concretó mediante solicitudes de partidas especiales presentadas en 2023. De un total de 43 solicitudes, solamente tres correspondían a beneficiarios que existían con documento de identidad real.

"Todas las demás correspondían o a s inexistentes o nombres que no correspondían con la cédula. Esos s o esos beneficiarios literalmente no existían en el mundo y mucho menos eran afiliados al Sunca", agregó.

Por medio de esa maniobra Bertolio retiró cheques por $ 9.446. 563, y en 2024 por $1.146.842. Del total de solicitudes presentadas, 36 fueron firmadas por Bertolio y por Bernaola.

Esas partidas espaciales venían con una partidas espejo, es decir, que por cada préstamo no reembolsable que se le asignaba a un supuesto obrero de la construcción necesitado, se habilitaba "la partida espejo", un monto de dinero similar al de la partida especial que se asigna para que sea utilizado por instituciones que las cámaras empresariales dispusieran.

Esas partidas espejo fueron entregas a fundaciones como Fe y Alegría, Copintar, Fundación Sofía y Manuel Quintela, y están documentados los pagos, salvo cuatro cuyo beneficiario era Copintar, que es una cooperativa educativa donde consta que tres de esos cheques fueron retirados por Bruno Bertoglio, por $ 200 mil y US$ 25 mil para la compra de una camioneta, y un cheque que fue retirado por Santiago Bernaola bajo recibo por $ 150 mil.

El director de esta institución declaró que los años 2021 y 2022 recibió ayuda del fondo, que en octubre del 2023 recibió una camioneta marca Renault Kangoo, pero que nunca había recibido beneficios en dinero. Según las declaraciones incluso de los imputados, la camioneta se utilizó por el Sunca durante unos meses y luego recién fue remitido a la cooperativa

López Goldaracena pidió que aparezca el millón de dólares robado

En la audiencia estaba presente el abogado denunciante del caso, quien compareció en representación de las víctimas, es decir los obreros estafados que integran el fondo. Oscar López Goldaracena, exsenador suplente comunista, pidió al juez que la investigación siga hasta el final y aparezca la plata.

"Es plata de los obreros de la construcción y es de interés y voluntad de la institución que represento continuar hasta el final esta investigación a los efectos de determinar dónde está ese dinero, que se devuelva ese dinero por parte de quien lo tenga que devolver", afirmó.

Agregó que espera que rápidamente la fiscalía se expida sobre más responsabilidades ya que hay 12 indagados más.

Además pidió pruebas, más allá "algunas valoraciones de la fiscalía que son versiones de los propios imputados", en relación a que el dinero iba para el Sunca y el Partido Comunista.

"Es interés de nuestra parte continuar esta investigación hasta el final... Queremos dejar sentado que aquí no se ha hablado en ningún momento de devolver más de un millón de dólares de los obreros que quienes lo robó y para qué se lo robó. Queremos que la investigación continúe y que no se llegue a la conclusión que acá el crimen paga porque con dos, tres años, cuatro años que se le pueda dar de penitenciaría que se va a recuperar, se va a hacer justicia con un millón de dólares que se le robaron a obreros", señaló.

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