El partido de Abascal fue sancionado por recibir dinero en efectivo de personas no identificadas, lo que incumple la ley sobre financiación de partidos
El presidente de Vox, Santiago Abascal y la portavoz del partido, Pepa Millán. EUROPA PRESS
El Tribunal de Cuentas sancionó a Vox con 862.496,72 euros por infracción "muy grave" al recibir donaciones sin respetar los requisitos de legalidad en los ejercicios 2018, 2019 y 2020.
La multa fue aprobada en el último Pleno del Tribunal de Cuentas y salió adelante con el voto particular de dos consejeros. Ahora, los de Santiago Abascal pueden recurrir en el Tribunal Supremo por la vía de lo contencioso-istrativo.
En concreto, Vox fue sancionado por incumplir el apartado a del artículo 17.2 de la Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos al haber recibido o aceptado donaciones no identificadas en efectivo.
El origen del expediente fueron los informes del Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad anual de Vox en los años 2018, 2019 y 2020.
En esos años, se apuntó a más de 330.000 euros que Vox recibió en cajeros automáticos como "actividades promocionales", sin que el fiscalizador pudiera dilucidar si realmente responden a la compra de productos de 'merchandising' del partido o si suponen donaciones anónimas que están prohibidas por la ley.
No es la primera vez que Vox recibe una sanción del Tribunal de Cuentas, que en julio pasado lo multó con 233.324,22 euros por un expediente que se abrió el año anterior por financiación irregular detectada en el informe de 2019 por usar donaciones para acciones judiciales.
Aquella multa fue recurrida en el Supremo y ahora Vox vuelve a anunciar que impugnará en el Alto Tribunal al considerar que esta nueva sanción es "injusta" y contraria a la propia Ley, a las resoluciones del fiscalizador y a sus antecedentes.
El partido de ultraderecha considera que no existe base legal para la sanción y subraya que la decisión del Tribunal de Cuentas no fue unánime ya que dos de sus consejeros emitieron votos particulares "en los que defienden que no hay motivo alguno para la sanción".
Por todo ello, la formación confía en que tanto esta sanción como la del año pasado, impuesta por ser utilizada para cubrir la fianza contra los separatistas, serán anuladas.