Contexto
¿Por qué España quería oficializar el catalán, euskera y gallego en la Unión Europea?
España defiende que estas lenguas, cooficiales en varias comunidades autónomas, deben tener el mismo reconocimiento que el resto de idiomas oficiales de la UE. El objetivo es que se usen en el Parlamento Europeo y en toda la legislación comunitaria, reflejando la pluralidad lingüística del país.
¿Qué prometió Pedro Sánchez y con quién?
El presidente Sánchez asumió ante Junts, partido independentista catalán liderado por Carles Puigdemont, el compromiso de impulsar esta oficialidad como una reivindicación política clave para Cataluña.
¿Por qué no se aprobó la oficialidad esta vez?
Varios estados (Dinamarca, Finlandia, Austria o Chipre) expresaron que el tema no está lo suficientemente maduro para votarse, citando dudas sobre la legalidad del cambio, el impacto económico y la complejidad práctica que implicaría. Algunos países como Francia e Italia temen un efecto dominó con otras lenguas regionales.
¿Cuál es el coste estimado de la oficialidad para la UE?
Un informe preliminar de la Comisión Europea calcula que la oficialidad de catalán, euskera y gallego costaría aproximadamente 132 millones de euros al año, triplicando el gasto actual en gaélico, aunque este cálculo puede variar con análisis más detallados.
¿Qué impacto político tuvo la iniciativa en Bruselas?
La propuesta generó tensiones y acusaciones cruzadas, incluso denuncias de presiones y chantajes por parte del Gobierno español a algunos países para conseguir apoyo. Además, dentro de España, partidos de derecha como Vox y PP se opusieron a ciertas alianzas del Ejecutivo en este tema.
Cómo sigue
El aplazamiento de la votación deja el reconocimiento oficial de las lenguas cooficiales españolas en la Unión Europea en un limbo, sin un calendario claro para su reapertura. El Gobierno de Pedro Sánchez deberá ahora intensificar su diálogo con los países reticentes para despejar dudas legales y financieras, y encontrar consensos que permitan avanzar.
Este retraso también significa que la reivindicación política de Junts y otros grupos catalanes queda momentáneamente desatendida, lo que podría tensar aún más las relaciones internas en España.
La Comisión Europea y el Consejo deberán además definir un marco jurídico más sólido para incorporar nuevas lenguas oficiales, lo que podría requerir incluso modificaciones en los Tratados de la Unión. En definitiva, el proceso se presenta largo y complejo, con implicaciones tanto para la política interna española como para el modelo de diversidad lingüística europea.
FUENTE: El Observador
