Contexto
¿Por qué denuncian a estas aerolíneas?
La BEUC acusa a las aerolíneas de prácticas abusivas al cobrar por el equipaje de mano, ignorando la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que prohíbe este cobro si el equipaje cumple con ciertas dimensiones y peso razonables.
¿Qué dice la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre el equipaje de mano?
En 2014, el Tribunal estableció que las aerolíneas no pueden cobrar un suplemento por un equipaje de mano que cumpla con requisitos razonables de tamaño y peso, y que respete las normas de seguridad.
¿Cuáles aerolíneas están implicadas en esta denuncia?
La denuncia afecta a siete compañías: Ryanair, Vueling, Volotea, Easyjet, Norwegian Airlines, Transavia y Wizzair.
¿Existe ya una sanción por estas prácticas?
Sí. En noviembre de 2024, el Gobierno español multó con 179 millones de euros a Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea por cobrar suplementos ilegales por el equipaje de mano.
¿Está la Comisión Europea interviniendo?
La Comisión Europea está evaluando la denuncia y la sanción impuesta por España, tras recibir la documentación solicitada. Además, BEUC pide que la revisión del reglamento de derechos de los pasajeros aéreos aclare qué servicios deben incluirse en la tarifa básica.
¿Por qué es importante aclarar qué incluye el billete básico?
Los consumidores asumen que la tarifa básica incluye el derecho a embarcar con una pieza pequeña de equipaje de mano sin coste adicional. La falta de claridad genera confusión y posibles abusos por parte de las aerolíneas.
Cómo sigue
La denuncia presentada por la BEUC ante la Comisión Europea y la Red de Protección al Consumidor busca que se inicie una investigación exhaustiva sobre las prácticas de cobro por equipaje de mano en toda la Unión Europea. Este proceso puede culminar en sanciones adicionales y, más importante aún, en la reforma normativa para proteger mejor los derechos de los pasajeros. En paralelo, la revisión en curso del reglamento europeo sobre derechos aéreos podría clarificar qué servicios deben estar incluidos en el precio básico del billete, poniendo fin a la incertidumbre que enfrentan los viajeros. Dependiendo de los resultados, las aerolíneas implicadas podrían verse obligadas a modificar sus políticas comerciales, garantizando así que los pasajeros no sean obligados a pagar por servicios que la legislación europea ya reconoce como incluidos.