La compra directa de las 5.300 cámaras de videovigilancia fue por US$ 33 millones
El ministro del Interior, Carlos Negro, afirmó que "sí se necesitaban" las más de cinco mil cámaras que el anterior gobierno de Luis Lacalle Pou compró dos días antes del balotaje de 2024 y por las que oficialismo realizó un pedido de informes en Cámara de Diputados.
La compra directa de las 5.300 cámaras de videovigilancia fue por US$ 33 millones.
El ministro dijo que los los procesos de compra, por los que se hizo el pedido de informes, "son los que determinó el gobierno anterior".
"Sabemos que ayer en la tarde que se había presentado en Presidencia un recurso istrativo de una empresa competidora de la que finalmente le vendió los recursos al gobierno anterior. Eso va a seguir el trámite que corresponde", agregó Negro en conferencia de prensa.
"Las cámaras son una necesidad del país, la inversión en tecnología es clave en esta gestión", dijo el secretario de Estado y citó el programa de gobierno. "Está planteado llegar a las 20 mil cámaras a lo largo y ancho del territorio de la república. El gobierno anterior los últimos días de su gestión decidió adquirir cinco mil cámaras, las que se suman a las que ya existían cerca de 12 o 13 mil en todo el país", agregó.
"Sí se necesitaban, sí las íbamos a adquirir nosotros", sentenció el ministro sobre la compra durante la gestión de Nicolás Martinelli.
Más tarde, Negro salió a aclarar sus dichos por redes sociales y dijo que "nunca" respaldó "esa compra".
"Respondí que las cámaras son una incorporación necesaria, y agregué que incorporar más videovigilancia es cumplir con el programa del FA con el que estamos comprometidos", indicó el ministro del Interior.
"Si ese contrato fue legal o no, se podrá saber cuando terminen las instancias istrativas", agregó.
"Políticamente, las dudas sobre la forma, el momento y la premura en que fueron compradas, nos quedarán. Nunca respaldamos esa compra", sentenció.
El pedido de informes sobre la compra de cámaras de videovigilancia fue realizado por la diputada del Frente Amplio Julieta Sierra en el ámbito de la Cámara de Representantes con el fin de que sea cursado al Ministerio del Interior.
Entre las diez preguntas de la diputada, se pide saber "¿por qué se resolvió utilizar el mecanismo de contratación de compra directa?", si "¿existieron otros oferentes además de la empresa adjudicataria?" y "¿qué cotizaciones se solicitaron por las 5.300 cámaras?", entre otras cuestiones.
Tras el pedido de informe de la legisladora del Movimiento de Participación Popular (MPP), el senador Daniel Caggiani escribió que "siguen apareciendo cangrejos debajo de las piedras".
"No solo nos dejaron con una deuda de US$ 33 millones por el arrendamiento durante 60 meses de 5.300 cámaras de videovigilancia que se deberán pagar en esta istración, sino que además una de las 2 empresas que trabajaba en exclusividad con el MI decidió impugnar la adjudicación por entender que se vio desfavorecida, denunciando que no se compitió en igualdad de condiciones con la empresa elegida", escribió Caggiani en sus redes sociales.
El senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, decidió responderle al dirigente del oficialismo con una captura de una noticia en que el ministro Negro afirmó que las cámaras "sí se necesitaban".