Según la letra fría de la ley, el último año tendrían que haber entrado a trabajar en el Estado al menos 787 personas con discapacidad. Pero solo ingresaron 81. Tendrían que haber contratado a al menos 1.967 afrodescendientes, pero solo firmaron convenio 415. Tendría que haber obtenido un cupo al menos 238 personas trans, pero solo lo consiguieron 23. Tendrían que haber firmado vínculo al menos 33 víctimas de delitos violentos, pero solo lo hizo un joven veinteañero en esa condición.
La Rendición de Cuentas que el Ejecutivo presentó al Parlamento este lunes evidencia que el ingreso al Estado por cuota (discriminación positiva) está lejos de concretarse. Del total de incisos del Estado, del Congreso de Intendentes y Personas Jurídicas de Derecho Público No Estatal, la istración Nacional de Correos fue la única institución que cumplió con los porcentajes mínimos de ingresos por cuotas que exige la ley. Y un puñado de otros 13 organismos ha cumplido con alguna de las acciones afirmativas, pero no con la totalidad.
La reserva de un porcentaje de los ingresos al Estado para una población específica fue ampliándose con el correr de los años: la cuota de personas con discapacidad subió de 2% al 4% (hace 15 años). Luego se sumó un 8% para afros, 1% de trans y, ya en el último quinquenio, el 2% para víctimas de delitos violentos. Y en cada una de esas sumatorias se siguió arrastrando años de incumplimiento.
De hecho, algunos de los porcentajes fueron calculados en base a datos de un censo que quedó obsoleto, y una actualización implicaría hacer todavía más exigente el guarismo.
El incumplimiento es tal que ni siquiera el Poder Legislativo (que fue quien legisló) ni el Ministerio de Desarrollo Social (en cuya órbita está la inclusión de personas cuyos derechos han sido vulnerados) ofrecieron las cuotas mínimas.
Tampoco se cumple la última “discriminación positiva”: el ingreso de víctimas de delitos violentos. La Rendición de Cuentas dice: “La persona ingresada es un hombre, en la franja etaria comprendida entre 20 y 29 años. Se desempeña en el Ministerio del Interior con tareas policiales, mediante un contrato eventual”. Y eso que hubo 1.808 vacantes provistas que, de cumplirse con la normativa, hubiese significado la entrada de al menos 33 víctimas de este tipo de delitos.
De esos 33, siete tenían que haber ingresado al Ministerio de Economía y otros cinco al Poder Judicial, por nombrar los dos organismos con mayores niveles de incumplimiento.
