La investigación contra Dardo Ivo Morales, el oficial que “interrogaba” al médico Vladimir Roslik cuando su muerte violenta en 1984, fue formalizada ayer por la jueza Selva Siri Thove y el militar deberá ahora llevar tobillera y no podrá salir del país mientras se sustancia la causa. Fiscalía había pedido prisión preventiva por “riesgo de fuga”, pero la jueza la desestimó.
El procesamiento por reiterados delitos de privación de libertad en reiteración real, con reiterados delitos de abuso de la autoridad contra los detenidos y de lesiones graves, llega poco después del 40 aniversario del asesinato de médico de San Javier, quien murió a causas de las heridas y lesiones que le provocaron los tormentos y torturas a las que fue sometido en el Batallón de Infantería 9, en Fray Bentos, el 16 de abril de 1984.
Morales, quien se encuentra en situación de reforma dentro del Ejército, nunca pagó su relación con el homicidio de Roslik, el único caso de muerte por torturas en la dictadura que mereció una condena de la justicia militar.
Tras una autopsia fraudulenta que intentó encubrir el homicidio, otros estudios forenses demostraron que Roslik había sufrido una “muerte violenta multicausal”. Le habían desgarrado el hígado y tenía múltiples traumatismos provocados por los golpes y tormentos sufridos.
Producto de la indignación que provocó el caso, del coraje de la viuda Mary Zavalkin que logró que se le hiciera una segunda autopsia al cadáver y de la actuación de la prensa –con especial destaque al trabajo de los periodistas Alejandro Bluth y Juan Miguel Petit en el semanario Jaque- el caso no pudo ser barrido bajo la alfombra.
Entonces, la Justicia Militar condenó, con penas leves, irrisorias para un homicidio, a Mario Alfredo Olivera (hoy fallecido) y Sergio Caubarrere, jefe y subjefe del Batallón de Infantería 9.
Morales, en cambio, fue exculpado porque se consideró que cumplía órdenes.
La sentencia definitiva de la Justicia Militar sobre el caso, obtenida en 2021 mediante un pedido de a la información pública y publicada en La Diaria, estableció que Morales estaba interrogando a Roslik en una habitación de tres por cuatro metros.
En la pequeña habitación, otros diez oficiales miraban para aprender. Eran los entonces capitanes Daniel Castellá, Jorge Soloviy y Heber Calvetti, teniente primero Oscar Lauber; tenientes segundos Luis Estebenet, Rodolfo Costas y Alberto Loitey; y alféreces Edgardo Favier y Nelson De los Santos.
Aunque el fallo de la Justicia Militar solo fijó penas mínimas para los jefes del cuartel, la Suprema Corte de Justicia consideró que existe “cosa juzgada” y no habilitó la reapertura del caso por el homicidio de Roslik.
Pero la Corte autorizó a indagar otros hechos conexos que no hubiera considerados por la justicia militar. Basándose en eso, el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, comenzó indagar respecto a una primera detención que había sufrido Roslik -y otros vecinos de San Javier- en 1980, durante la cual había sido torturado. Morales también había intervenido en aquel operativo y también estaba señalado como torturador.
La sentencia de la jueza Siri formaliza la investigación contra Morales por este caso, el de la primera detención de Roslik. “Fiscalía encuadró su investigación en figuras delictivas que en principio revisten apariencia cierta, correcta y razonable”, dice la sentencia. Pero agrega que itir la formalización “no implica juzgar sobre el fondo del asunto” y que ello “será objeto de debate en el juicio”.
Morales compareció en la audiencia acompañado de sus defensoras, las abogadas Rosanna Gavazzo y Graciela Figueredo, quienes señalaron que “no tiene capacidad económica de fugarse a los 67 años” y siempre acudió a las audiencias.
Dardo Ivo Morales y el caso Zanoniani
Antes Siri había desestimado imputar a Morales, por entender que ya había respondido por los mismos hechos en otra causa, el llamado “caso Zanoniani”.
Pero un fallo del Tribunal de Apelaciones, integrado por los jueces Beatriz Larrieu, Sergio Torres y Alberto Reyes, rechazó el criterio de Siri y señaló que los hechos no eran los mismos, por lo cual obligó a la jueza a definir si formalizaba o no la investigación contra Morales.
El “caso Zanoniani” se originó en otra denuncia por torturas: la de otra vecina de San Javier, Susana Zanoniani.
Esta maestra jubilada denunció que en 1980 estuvo detenida durante 15 días, “sin orden judicial y sin que haya cometido un delito”. En ese lapso “fue objeto de plantones y golpes” por parte de Morales. Tenía entonces 35 años y no tenía actividad política.
Por este caso, Siri procesó a Morales como presunto autor responsable de cuatro delitos de abuso de autoridad y tres de privación de libertad. Pero el procesamiento, sorpresivamente, fue sin prisión.
Perciballe dijo que el fallo era violatorio de normas nacionales e internacionales y también lo apeló.
Situación de reforma
Morales también ha eludido un fallo de la justicia civil que lo obliga a pagar una deuda.
Por esas deudas que mantiene con Roberto Correa, otro oficial del Ejército, Morales se vio sometido a dos tribunales de honor que lo encontraron inmerso en “descalificación por falta gravísima”.
Es por ese motivo que el 27 de setiembre de 2000, en la resolución 78.580 del Ministerio de Defensa Nacional, el entonces presidente Jorge Batlle y el ministro de Defensa Nacional Luis Brezzo, pasaron a Morales a “situación de reforma”, una sanción que le impide lucir el uniforme y ser reconocido como un oficial por sus pares.
