Los senadores argentinos aumentarán sus dietas a partir del próximo mes, tras un acuerdo paritario firmado por las autoridades del Congreso y los gremios que representan a los trabajadores legislativos. El incremento, que alcanza un 1,3% para cada uno de los meses de marzo, abril y mayo, se suma a la modalidad vigente que ata las remuneraciones de los legisladores a los salarios del personal del Congreso. De este modo, las dietas pasarán a superar los $9,5 millones en bruto.
El acuerdo paritario fue rubricado recientemente por Victoria Villarruel, presidenta del Senado, y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. La actualización se aplica de manera retroactiva a marzo y se repetirá en los meses siguientes. Esta serie de ajustes se basa en una resolución aprobada en abril de 2024, cuando los legisladores decidieron modificar el sistema de cálculo de sus dietas, estableciendo una fórmula atada a los módulos salariales que se usan para los empleados del Congreso.
Esta metodología genera que los sueldos de los senadores se actualicen automáticamente con cada aumento que se acuerda en las paritarias de los gremios legislativos, un mecanismo que busca transparentar y unificar criterios salariales, pero que también ha sido foco de polémicas.
Un sistema atado a los módulos salariales del Congreso
En abril del año pasado, el Senado fijó sus dietas en un total de 4.000 módulos, que se dividen en diferentes conceptos: 2.500 módulos corresponden a la dieta básica, 1.000 módulos se asignan como gastos de representación y 500 módulos se otorgan por desarraigo — este último para compensar a los legisladores que deben trasladarse lejos de sus domicilios para cumplir funciones. Cabe destacar que cuatro senadores no perciben este último ítem.
Con la última suba acordada, el valor del módulo pasó de $2.285,73 en febrero a $2.376,04 en mayo. Por lo tanto, un senador que perciba la dieta completa pasará a cobrar $9.504.160 en bruto a partir de junio, lo que representa un aumento de aproximadamente $360.000 respecto a la última actualización. La cifra puede ser aún mayor si se abona el retroactivo correspondiente a marzo y abril.
Este sistema vincula directamente las dietas de los legisladores con los incrementos salariales que negocian los sindicatos del personal legislativo, principalmente el gremio APL (Asociación del Personal Legislativo), liderado por Norberto Di Próspero. De este modo, cada aumento salarial de los empleados del Congreso impacta de forma automática en las dietas de los senadores.
Esta fórmula ha sido adoptada con el objetivo de evitar discrecionalidades en la actualización de las dietas, pero ha generado cuestionamientos sociales y políticos por el ritmo acelerado con que los haberes legislativos crecieron en los últimos meses.
Congelamientos, polémicas y el debate en torno a las dietas
El aumento anunciado llega después de un período de congelamiento de dietas que los senadores votaron en agosto de 2024, en medio de una fuerte controversia pública. En ese momento, los haberes de los legisladores habían pasado de poco más de $2 millones a 4,5 millones, casi duplicando sus ingresos en un corto plazo, lo que generó rechazo social y críticas mediáticas.
Durante la vigencia de ese congelamiento, que expiró el 31 de diciembre de 2024, no se aplicaron incrementos, pero luego la vicepresidenta del Senado, Victoria Villarruel, extendió la medida hasta el 31 de marzo de 2025 para evitar nuevas tensiones públicas. Sin embargo, el congelamiento finalmente venció y los legisladores aplicaron la actualización salarial conforme a los acuerdos paritarios.
En mayo pasado, en una reunión de Labor Parlamentaria, Villarruel propuso volver a congelar las dietas para evitar nuevas polémicas, pero su iniciativa fue rechazada por la mayoría de los jefes de bloque presentes. Así, los senadores retomaron el mecanismo automático de actualización.
Este tema ha generado reacciones encontradas en el mundo político. El presidente de la Nación, Javier Milei, ha criticado con dureza los aumentos a través de sus redes sociales, calificándolos como desmedidos y desconectados de la realidad económica del país. Mientras tanto, algunos sectores dentro del Senado defienden la necesidad de actualizar los ingresos para equiparar la inflación y el costo de vida, que en Argentina ha sido particularmente alto en los últimos años.
El debate también incluye a los gremios legislativos, que han incrementado la presión para obtener mejoras salariales luego de meses de reclamos y negociaciones. La intermediación de legisladores en estas gestiones, en algunos casos, ha sido señalada como un intento de equilibrar las relaciones entre sindicatos y autoridades del Congreso, y evitar mayores conflictos.
Además, la dinámica del Congreso en torno a las dietas refleja tensiones internas que combinan intereses políticos y económicos, y que suelen tener impacto en la opinión pública, dada la sensibilidad social hacia los salarios de los funcionarios públicos.
