Contexto
¿Quién es Julieta Makintach y qué pasó con ella?
Julieta Makintach es una magistrada que estuvo a cargo del juicio por la muerte de Diego Maradona. Fue destituida por haber permitido la filmación de un documental titulado Justicia Divina durante el proceso judicial, hecho que motivó la nulidad del juicio. Su conducta generó gran polémica por mezclar la función pública con un proyecto audiovisual que podía implicar un beneficio económico personal.
¿Qué denunció la abogada penalista Silvina Fernández Rosarno?
Fernández Rosarno sostuvo que detrás del documental había un "negocio" de magnitud considerable en el que no solo estuvo involucrada Makintach, sino también otros actores del tribunal, en particular los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso. La abogada afirmó en ATP Radio que no se trató de un error ni de un acto de vanidad, sino de una decisión consciente basada en la codicia. Según ella, Makintach prefirió sacrificar toda su trayectoria profesional porque esperaba obtener mayores ganancias a través del documental.
¿Qué delitos fueron investigados y cuáles no?
El procurador General bonaerense, Julio Conte Grand, analizó delitos como incumplimiento de los deberes, abuso de autoridad y malversación de fondos. Sin embargo, Fernández Rosarno subrayó que no se investigó la figura legal de negociaciones incompatibles con la función pública, un delito que implica penas severas, incluyendo inhabilitación perpetua para cargos públicos. Para ella, esta omisión fue grave, pues esa figura penal era clave para abordar la dimensión económica y corrupta del caso.
¿Por qué acusó a otros jueces del tribunal?
La letrada sostuvo que los otros magistrados del Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de San Isidro no podían ignorar lo que ocurría. Los calificó como parte de una estructura similar al crimen organizado, donde hay diferentes estratos y una organización vertical que permitía operar con coordinación y discreción. Fernández Rosarno afirmó que para que el documental se filmara dentro del tribunal no bastaba con la autorización de una sola jueza, sino que participaron al menos tres jueces en el esquema.
¿Qué similitudes encontró con el crimen organizado?
Fernández Rosarno advirtió que la conducta de Makintach y otros implicados se asemejaba a la de una asociación ilícita: había una jefa y personas que cooperaban con roles definidos y un enlace efectivo entre ellos para lograr objetivos comunes. La abogada consideró que la investigación debía profundizar para demostrar esta asociación y así sancionar con firmeza estas conductas.
¿Qué consecuencias tiene la suspensión de Makintach?
Makintach está suspendida de sus funciones pero sigue cobrando su salario. Fernández Rosarno insistió en que esto no era suficiente y reclamó una investigación exhaustiva que permitiera resguardar el respeto institucional y enviar una señal clara a la sociedad sobre la gravedad de la situación.
¿Se sospecha que este mecanismo de lucro haya ocurrido antes?
La abogada planteó la hipótesis de que no era la primera vez que se utilizaba un mecanismo tan organizado para lucrar dentro de la Justicia. Advirtió que la coordinación y el modus operandi detectado implicaban un conocimiento previo y experiencias anteriores. Por eso, remarcó la importancia de investigar si hubo episodios similares para evitar la repetición de estas prácticas.
¿Cómo afecta este caso la imagen del Poder Judicial y el rol de la mujer en la Justicia?
Fernández Rosarno expresó que el comportamiento de Makintach generó "vergüenza ajena" y deterioró la percepción que la sociedad tenía sobre la Justicia y sus instituciones. Además, destacó que para una mujer fue especialmente difícil alcanzar puestos en el Poder Judicial y que este tipo de conductas podían dañar el prestigio y la lucha por la igualdad en ese ámbito.
Cómo sigue
El caso de Julieta Makintach llegó a una instancia donde se analizó formalmente su conducta y la de otros magistrados implicados. La jueza estuvo suspendida y continúa percibiendo su salario, mientras se estudian delitos como incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y malversación. No obstante, la figura penal de negociaciones incompatibles con la función pública, señalada como clave por la abogada Fernández Rosarno, aún no formó parte de la investigación formal. La expectativa es que esta línea de investigación se incluya para dar cuenta del presunto negocio detrás del documental Justicia Divina y de la posible asociación ilícita conformada por varios jueces. La profundización de estas pesquisas es fundamental para determinar responsabilidades penales y para enviar un mensaje claro sobre el respeto a las instituciones judiciales.
