Las grandes empresas tecnológicas imponen contratos que no se pueden negociar y no hay normativas locales que frenen posibles abusos, según un documento
Imagen creada con inteligencia artificial.
¿Qué tanto podemos reclamarles a las grandes empresas de tecnología por nuestros derechos? Investigadores en Uruguay redactaron un informe que muestra un problema que aborda este tema que afecta a los s.
El documento, elaborado por Datysoc y ObservaCOM fue publicado en abril de 2025, y advierte que Uruguay no cuenta con un marco jurídico integral sobre plataformas digitales. En lugar de una normativa centralizada, existen múltiples leyes que abordan aspectos aislados vinculados al uso de Internet, como la protección de datos, las relaciones de consumo o la propiedad intelectual.
Esta situación dificulta el abordaje de los desafíos que plantea el funcionamiento de las plataformas. ¿Cómo nos protegemos ante sus eventuales abusos?
El estudio describe que las normas existentes provienen del derecho tradicional, adaptado parcialmente al entorno digital, sin contemplar las particularidades de lo que sucede en el ciberespacio.
Ante la falta de regulación específica, las personas usuarias que enfrentan problemas con plataformas digitales deben apelar a normas generales del derecho civil o comercial, dependiendo del vínculo con la empresa. Esto complica la defensa efectiva de derechos, ya que no existen mecanismos jurídicos claros ni jurisprudencia que indique cómo proceder ante conflictos concretos.
La integrante de Datysoc, Patricia Díaz, advirtió que esta indefinición genera una situación de indefensión estructural.
“Estamos totalmente indefensos frente al funcionamiento de las plataformas digitales”, sostuvo a El Observador. Señaló que, ante un conflicto, “no está claro si las cláusulas de cualquier contrato lo ampara la ley uruguaya”, y que en muchos casos los s deberían litigar en el extranjero. “Tenemos que estar demandando en Palo Alto, California”, ejemplificó.
El informe identifica que las plataformas imponen contratos de adhesión con términos y condiciones estandarizados (los famosos términos y condiciones que nadie lee) sin posibilidad de negociación por parte del . Esos contratos suelen contener cláusulas abusivas, pero no existe en Uruguay un organismo que evalúe o sancione esas prácticas en el entorno digital.
“Nosotros aceptamos los términos y condiciones de contratos de adhesión, y estamos siempre resguardados por la ley de defensa del consumidor”, indicó Díaz. Sin embargo, advirtió que “esa ley no llega de forma clara a los servicios digitales”.
En Europa, explicó, la Directiva de Servicios Digitales (DSA) impone una nueva capa normativa por encima del régimen tradicional de protección al consumidor. “Nosotros no tenemos eso”, lamentó. Así, en Uruguay, no existe ninguna disposición que indique si esos términos pueden ser cuestionados jurídicamente cuando se trata de servicios aparentemente gratuitos.
El informe subraya que una parte central del problema radica en que los servicios digitales gratuitos no son reconocidos como relaciones de consumo. Esto impide que los s accedan a las protecciones previstas en la Ley de Defensa del Consumidor, pese a que entregan datos personales a cambio de acceder a las plataformas.
Díaz fue enfática al respecto: “No tenemos ninguna disposición que diga que nuestra ley aplica a servicios gratuitos en los cuales vos estás pagando no con dinero, sino con tus datos”.
Otro de los hallazgos del informe es que no existen antecedentes judiciales ni resoluciones istrativas que aclaren la aplicación de la normativa nacional a las plataformas digitales. Esto refuerza la incertidumbre para los s, que desconocen qué derechos pueden ejercer o ante qué organismo reclamar.
“No teníamos casos porque directamente no llegan a juicio”, comentó Díaz al ser consultada sobre ejemplos concretos. Según afirmó, el bajo nivel de certeza legal impide que los reclamos avancen. Además, muchas de las plataformas más utilizadas no tienen oficinas ni representación legal en Uruguay, lo cual complica aún más el a instancias formales de resolución de conflictos.
El informe también plantea interrogantes sobre la forma en que las plataformas moderan contenidos. La ausencia de reglas claras permite que la remoción automatizada de publicaciones se realice sin transparencia, sin mecanismos de apelación y sin participación de autoridades independientes.
Díaz mencionó que “hay mil casos relacionados con filtros de derecho de autor”, en los cuales se dan de baja contenidos sin evaluación del contexto. “¿Es legal que un filtro (de una red social) censure una parodia o material usado con fines educativos?”, se preguntó, y remarcó que no hay legislación que regule estos mecanismos de moderación automatizada.
También citó ejemplos vinculados a redes sociales: “¿Es legal que un periodista sea etiquetado como prensa estatal, como pasó en Twitter?”.
Al buscar precedentes judiciales que abordaran este tipo de situaciones, señaló que no encontró ningún caso, lo que refuerza la falta de respuestas institucionales ante vulneraciones de derechos.
Uruguay cuenta con una ley de protección de datos personales desde 2008. La autoridad encargada de su aplicación, la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP) le ha pedido información a las grandes plataformas, pero su autoridad y su llegada no es como la de la Comisión Europea.
Y si Uruguay pudiera, ¿le pondría sanciones a las big tech? Díaz afirmó que el país necesita generar estables de diálogo con las plataformas. “Los mecanismos no van a ser jamás de imposición, sino de colaboración”, sostuvo. Por eso propuso la creación de una unidad reguladora o de control que funcione en o directo con los operadores digitales.
El informe concluye que Uruguay carece de una estrategia nacional para regular plataformas digitales, lo cual deja a los s sin protección frente a prácticas comerciales, contractuales o tecnológicas que afectan sus derechos.
Frente a este escenario, Díaz propuso avanzar hacia un “marco básico” centrado en instaurar mecanismos de interacción y cooperación con las plataformas. Según señaló, el camino no debe ser confrontativo. “No soy naïf de pensar que Uruguay le puede meter la plancha a las big tech”, afirmó, pero subrayó que es urgente mejorar la defensa del consumidor y crear canales regulatorios efectivos que garanticen los derechos de los s del país.