La pobreza en Uruguay es más alta de lo que se pensaba. El Instituto Nacional de Estadística (INE) actualizó la manera en que la mide y, siguiendo esa nueva metodología, puede decirse que cuatro de cada diez niños nacen en un hogar que, a juzgar por sus ingresos, está por debajo de la línea de pobreza. Es pobre.
¿Cómo revertir esa cifra que, en la comparativa regional, posiciona a Uruguay como el país con mayor infantilización de la pobreza? Buena parte de la discusión que por estos días aqueja a los tomadores de decisión se centra en la suficiencia y cobertura de las transferencias monetarias que brinda el Estado.
Para decirlo sencillo: las asignaciones familiares y la Tarjeta Uruguay Social son la herramienta más potente que hoy tiene el país para darle ingresos a quienes menos tienen. Una parte de la discusión es cuánto debería aumentar el monto de esas transferencias a quienes ya las reciben para que salgan de la pobreza (suficiencia). La otra —y es ahí donde entra una innovadora estrategia— es alcanzar a todos los que hay que llegar (reducir la exclusión) y hacerlo a tiempo (timing).
¿En qué consiste? El Estado uruguayo sabe más de sus pobres —y de quienes nacerán en hogares pobres— de lo que el propio Estado imagina. Cuando una mujer queda embarazada y asiste a su primera consulta médica, se supone que el ginecólogo completa algunos datos que, combinados con otros, predicen las chances de que su hijo nazca en un hogar pobre: una madre soltera tiene más probabilidad de habitar en la pobreza que una no soltera, una adolescente tiene más chances que una mujer adulta, alguien que vive en la periferia de las ciudades tiene más riesgo que otra al sur de avenida Italia.
Cuando esos datos se combinan —en tiempo real— con otros que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, gracias al simple número de cédula de la madre, puede saberse con más precisión su situación: si recibe prestaciones previas y su estado laboral. Para hacer el cuento corto: el aprendizaje estadístico de 14 variables (11 que carga el ginecólogo en la ficha de la embarazada y otros tres que complementa el Mides) le permiten al Estado saber en tiempo y forma quiénes deberían recibir una transferencia y no la están recibiendo.
Los técnicos que están trabajando en el proyecto —que además del Poder Ejecutivo se le suma el Fondo Nacional de Población— estiman que la séptima parte de los hogares que tendrían que recibir asignaciones familiares, no la están recibiendo (error de exclusión). Y, a la vez, de quienes sí reciben la transferencia, a un poco menos de la mitad les llegó unos meses tarde (error de timing).
Sucede que la asignación debiera entregarse a partir de la 12ª semana de gestación. Eso permite que la madre se vaya alimentando mejor, dé un confort mínimo al hogar y consiga las provisiones para ese bebé que está por nacer. Pero la evidencia muestra que la transferencia les llega tarde o, cuando les llega, muchas veces es por hermanos anteriores y no por el niño que se está gestando.
¿Corregir estos errores de exclusión y timing hacen la diferencia? El solo hecho de llegarle a tiempo a todos los que hay que llegarle reduciría en dos puntos porcentuales la pobreza en los bebés recién nacidos en Uruguay. Parece poco, pero, según las estimaciones técnicas, significan un impacto: para la economía de esas familias que tienen que alimentar a un bebé más (son cerca de 600 cada año que dejarían de ser pobres), y como estrategia para sacar cuanto antes a la gente de la pobreza a un costo mínimo. Mucho más si se tiene en cuenta que las entrevistas para recibir la Tarjeta de Uruguay Social tiene un atraso cercano a tres años en Montevideo y Canelones.
El Estado ya tiene los datos. Es solo cuestión de completar bien (y en tiempo) los registros, compartir la información a la interna del propio Estado, recibir los resultados que arroja el algoritmo y ejecutar.
Al estilo uruguayo
La innovadora estrategia no está exenta de desafíos. No todos los médicos llenan en forma y en tiempo los formularios digitales. No siempre un ministerio está tan abierto a intercambiar información con otro ministerio. Y encima, una vez detectado el caso, la normativa uruguaya no permite que la transferencia se ejecute de facto (como sí pasa en países nórdicos), sino que la madre tiene que solicitarla mediante declaración jurada.
La identificación digital de Uruguay (el gub.uy) podría funcionar como una solución para este desafío, dado que ya tiene valor jurídico. La otra chance es un cambio de fondo y que la transferencia se dé sin que Mahoma vaya a la montaña.
En eso los técnicos coinciden: ¡hay que arreglar cuanto antes los temas istrativos para que esta interoperabilidad funcione! El resto entra en la cancha de los políticos de turno: a cuánto deberían aumentar las transferencias para que “muevan la aguja” y saquen a los niños de la pobreza.
