Uruguay figura entre los países con menor puntuación en el Índice de Consejos Fiscales (ICF), que mide la solidez de estos organismos en 49 países del mundo. Junto a Colombia, Costa Rica, Alemania, Uganda, Kenia y Panamá, el país integra el grupo de economías con niveles más bajos del indicador.
De forma contraria, el ICF está encabezado por Vietnam, Letonia, Eslovenia, Finlandia y Austria, cuyas instituciones fiscales se destacan por su capacidad técnica, autonomía y rol activo en la supervisión de la política fiscal.
El ranking fue elaborado a partir de datos correspondientes al año 2021 y se enmarca en la investigación “Política fiscal en América Latina y el Caribe: análisis de las reglas fiscales y el gasto público”, realizada por el economista y docente de la Facultad de Ciencias Económicas y de istración (FCEA), Ronald Miranda Lescano.
El estudio —que contó con el apoyo financiero de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII)— evaluó en profundidad las reglas fiscales y el gasto público en las economías latinoamericanas, con especial foco en el rol y el diseño institucional de los consejos fiscales (CFs).
El índice ICF se expresa en una escala de 0 a 100 (donde un valor de 100 indica que el país alcanza la máxima puntuación) y busca cuantificar la “solidez” institucional de los CFs a partir de una serie de variables que evalúan la independencia, el mandato, la transparencia, los recursos y la influencia real de los CF en la formulación y el control de la política fiscal.
En esta medición, Uruguay —que creó el Consejo Fiscal Asesor (CFA) en 2020 y comenzó a funcionar un año después— se ubica entre los últimos puestos, lo que refleja una estructura institucional aún en proceso de consolidación y con espacios de mejora.
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Los CFs son organismos permanentes, creados para evaluar de manera pública, técnica e independiente las políticas fiscales de los gobiernos. Su propósito es contribuir a la transparencia, la rendición de cuentas y la sostenibilidad de las finanzas públicas, sin involucrarse directamente en decisiones de política económica. Entre sus funciones clave se encuentran la evaluación de pronósticos macroeconómicos, el monitoreo de reglas fiscales, la estimación del costo de nuevas medidas y la formulación de recomendaciones de política fiscal, explicó el estudio.
A nivel regional, la creación de CFs en América Latina y el Caribe cobró impulso principalmente en la última década. México fue pionero, seguido por países como Chile, Costa Rica y Uruguay. De acuerdo con la investigación, el caso chileno destaca por haber evolucionado desde un consejo asesor hacia un consejo fiscal autónomo, fortaleciendo así su independencia.
Según los datos relevados en la investigación, el 90% de los CFs a nivel mundial cuentan con independencia legal, y el 80% con independencia operativa. Sin embargo, menos del 60% tiene garantías presupuestarias adecuadas, lo que advierte que podría limitar su funcionamiento efectivo. En cuanto a sus funciones, la mayoría realiza evaluaciones ex ante y ex post de las políticas fiscales, aunque "solo el 55% formula recomendaciones normativas".
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En relación al desempeño de los consejos fiscales durante la pandemia del covid-19, el estudio destacó que estos organismos jugaron un rol relevante en las economías, al supervisar el uso de cláusulas de escape fiscal, analizar previsiones macroeconómicas y promover la transparencia en las respuestas de emergencia.
Las propuestas del BID al Consejo Fiscal Asesor de Uruguay
En febrero de este año, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) planteó una serie de recomendaciones para que Uruguay mejore su institucionalidad fiscal y realizó sugerencias concretas para el Consejo Fiscal Asesor (CFA) que, recientemente también fueron presentadas junto al equipo económico del nuevo gobierno.
En concreto, el BID recomendó fortalecer al CFA, dotarlo de autonomía mediante una ley y otorgarle recursos para que pueda cumplir mejor con sus funciones.
"El Consejo Fiscal de Uruguay carece de autonomía presupuestaria y tiene un equipo técnico extremadamente pequeño. Para que esta entidad pueda cumplir sus funciones con plena autonomía se requiere asignar un presupuesto anual que le permita, al menos, contar con un equipo de profesionales y remunerar a los consejeros", sugirió el BID.
Asimismo, se propuso mejorar el mecanismo de designación de los consejeros integrantes del CFA. Actualmente son nombrados directamente por el Poder Ejecutivo, lo que según el organismo multilateral "supone potencialmente un riesgo para la autonomía" del Consejo. Sobre ese punto, sugirió que las personas propuestas por el Ejecutivo sean ratificados por la Cámara de Senadores o que sean seleccionados por el MEF a través de "un proceso abierto y competitivo, con el propósito de reducir los riesgos de sesgos políticos en su nominación".
Por otro lado, el documento planteó la posibilidad de que el CFA realice una rendición de cuentas frente al Parlamento uruguayo dos veces al año, de forma de que los legisladores conozcan en detalle la situación fiscal, que sea el CFA "quien presente los análisis de riesgos" y que esto "coincida con las fechas clave para la toma de decisiones en materia de finanzas públicas".
Fortalecer al Comité Fiscal Asesor, entre los planes de Oddone
El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, participó días atrás de la presentación del documento del BID y habló sobre las oportunidades de mejora de la institucionalidad fiscal uruguaya.
En ese sentido, indicó que esperan que la Ley de Presupuesto incluya mejoras en la regla fiscal actual, así como también trabajan para establecer metas y métricas más claras de forma de poder fortalecer la institucionalidad fiscal.
“Fortalecer al Comité Fiscal Asesor, dándole más independencia, más recursos, para poder cumplir su función y al mismo tiempo, al Comité de Expertos brindarle un conjunto de lineamientos que permitan hacer más robustas las estimaciones que están detrás de la regla fiscal”, adelantó Oddone.
