La pasada semana los exdirectores de República Ganadera, Nicolás Jasidakis y Mauro Mussio, presentaron una propuesta de acuerdo de pago a los acreedores de la empresa, con la que ofrecen el retorno del 100% del capital invertido, con pagos parciales a partir del 5° año y la devolución total al final del 9º año.
El plan de negocios propone un sistema pastoril de cría de ganado bovino con terminación de terneros a 180 kilos promedio, con aumento gradual año del rodeo de cría mediante la comercialización de terneros y vacas de invernar, realizando pagos parciales y aumentando el rodeo.
La masa activa, según los exdirectores alrededor de 40.000 cabezas de ganado y cerca de US$ 4.000.000 en otros activos, será volcada en su totalidad en un fideicomiso, que será llamado Fideicomiso RG y se encargará de llevar adelante el Plan de Negocios para el pago de las obligaciones de la empresa.
El proyecto es analizado por la responsable del síndico a cargo de República, Zamira Ayul, que deberá presentar un informe de viabilidad de la propuesta en los próximos días, y de ser aprobado deberá ser firmado por acreedores que representen la mayoría del pasivo quirografario del deudor con derecho a voto.
Sin embargo, varios abogados consultados por El Observador son pesimistas al respecto las posibilidades de que el acuerdo avance en los términos planteados por los exdirectores.
Las críticas de los abogados al acuerdo propuesto por República Ganadera
El plazo de nueve años
Graciana Abelenda, representante de varios damnificados de la empresa junto a Santiago Alonso, afirmó a El Observador que un plan a nueve años "implica afrontar un escenario de muy largo plazo para inversores que asumieron obligaciones de corto plazo" y con la promesa de recibir "rentas (intereses) cercanas al 10%".
"Venimos de un escenario súper negativo en cuanto a los fondos ganaderos refiere y es claro que los clientes no están dispuestos a seguir aguardando –y menos nueve años– para recibir lo que colocaron, por lo cual el ánimo colectivo resulta más que adverso para volver a confiar nuevamente y más a largo plazo", declaró la abogada.
La participación de los acreedores
El defensor Camilo Silvera compartió un informe a El Observador en el que presentó varias críticas al acuerdo de Mussio y Jasidakis. El defensor entiende que la propuesta presenta varias "vaguedades y omisiones en aspectos cruciales para los intereses de los acreedores".
En primer lugar, Silvera marcó que "no queda claro si todos los acreedores damnificados han sido consultados o si participaron en la redacción o negociación del convenio", y advirtió que "puede ser un problema" que "los deudores y responsables de la empresa sean los mismos que tengan el poder de decisión sobre una empresa al borde de la extinción".
"Aún se debería de observar si existe una representación adecuada de clientes que participaron de su elaboración y si están reconocidos como beneficiarios directos o indirectos", continuó el abogado, que agregó que tampoco se detallaron las deudas de cada uno de los damnificados, lo que podría llevar a "subjetividades o incumplimientos encubiertos".
Cuestionamiento a los pagos y las rentas
Silvera indicó que el plan de Mussio y Jasidakis "contempla pagos en cuotas pero no especifica los intereses, mecanismos de ajuste por inflación, mora o penalidades claras por incumplimiento", lo que "debilita severamente la seguridad jurídica del cobro y da lugar a potenciales evasivas".
En ese sentido, el abogado Juan Pablo Decia afirmó a El Observador que el proyecto "parte de una rentabilidad del 14,5% anual, lineal y sostenida" y sin tomar en cuenta "factores externos", algo que entiende es "poco probable" en un plazo de nueve años.
Además, Decia cuestionó que "si la empresa parte de esa base" de rentabilidad de capital fija basada en "ciclos de cría y recría" de ganado, "por qué esperaron a tener un déficit de 65 millones de dólares y no lo hicieron cuando tenían un déficit de 10 millones de dólares, cuando parecía más viable". "Me ofrece más dudas que certezas", lamentó.
Abelenda explicó que la propuesta deja clara "la posibilidad de aplazar los pagos ante sequías, plagas y otras contingencias", pero esto expone a los inversores "a la incertidumbre".
Por otra parte, Silvera advirtió que el acuerdo tampoco "incluye ninguna garantía patrimonial, fiduciaria ni caución personal o real que respalde las obligaciones asumidas", algo que para los damnificados "implica asumir un riesgo alto de impago, más aún si el deudor ya ha incurrido en mora o evasión previa".
Desistir de acciones judiciales
El acuerdo propone que, de aceptar el acuerdo, los acreedores tendrán que desistir de accionamientos judiciales, civiles o penales.
En este sentido, Silvera indicó que "si no se prevé una reserva explícita del derecho a accionar judicialmente en caso de incumplimiento", los damnificados "pueden quedar sin medios eficaces para hacer valer sus derechos si la otra parte no cumple". Por ello, propone que se instaure "una cláusula de resolución automática o cláusula penal por incumplimiento que habilite acciones sin necesidad de una nueva instancia de mediación o intimación".
Para Decia, en tanto, la posibilidad de este retiro de cargos es "discutible". En primer lugar, indicó que el proyecto prevé medidas si los "márgenes" de retorno no son los proyectados, como un posible cambio de del fideicomiso, "pero no que vuelvan las denuncias".
Y, en un segundo término, indicó que aunque los acreedores desistan de sus denuncias los delitos penales por los que se investiga a los responsables de República Ganadera (estafa, apropiación indebida) son investigados por Fiscalía como representante del Estado, y "solo él puede desistir" de acciones contra los denunciados.
Una auditoría externa que "no ayuda"
Decia también se refirió a una auditoría externa a República Ganadera presentada por Zamira Ayul, realizada por la empresa Eura Audit, que reveló distintos "desfazajes" entre el dinero y ganado que constataron y lo presentado por Mussio y Jasidakis en su propuesta de acuerdo.
El informe indica que el patrimonio encontrado tiene US$ 24,2 millones menos que el informado por los exdirectores de la compañía en el cuerpo de su propuesta, lo que incluye una diferencia de "7.348 cabezas de ganado vacuno".
Además, Decia denunció que en la auditoría se constataron ventas de ganado por más de US$ 300.000 a la hermana de Martín Mussio.
Según el abogado, este relevamiento "no ayuda" a que el acuerdo prospere, porque habría menos activos que los que presentaron los exdirectores, y también porque las diferencias "atentan contra la credibilidad de República Ganadera en un momento crítico".
