Los jerarcas de la empresa no indicaron "el lugar de ubicación de los bienes con un criterio de razonabilidad"
Poder Judicial
Foto: Inés GuimaraensLa Justicia archivó la solicitud de concurso voluntario de República Ganadera, y se encamina a decretar un concurso necesario con el desplazamiento de sus autoridades, confirmaron fuentes del caso a El Observador.
En la sentencia que archivó la solicitud, a la que accedió El Observador, la jueza de Concurso María Constanza Farfalla marcó que los responsables de República no cumplieron con distintos requisitos que se le habían solicitado para ir por la vía del concurso voluntario.
Esta vía judicial hubiese mantenido a las autoridades de la compañía durante el proceso, trabajando en conjunto con un síndico, que todo indica será la abogada Zamira Ayul, designada como interventora en enero.
Los jerarcas de la empresa no indicaron "el lugar de ubicación de los bienes con un criterio de razonabilidad" y la jueza apuntó que existió "la ausencia de confiabilidad de la documentación contable presentada".
República, representada por su director Mauro Mussio, había presentado su solicitud de concurso voluntario luego de que fracasaran los intentos de un acuerdo privado de reorganización (APR) entre la empresa y sus acreedores.
Tras el archivo, fuentes del caso esperan que el Juzgado de Concurso decrete el concurso necesario de República Ganadera, solicitado por las defensas de distintos inversores afectados por la operativa de la empresa. Este decreto desplazaría a las autoridades y dejaría a cargo al síndico designado.
Distintos abogados de los 1.448 damnificados de República Ganadera marcaron su sorpresa con la demora de la justicia en decretar el concurso de la empresa.
Según relataron a El Observador participantes de una reunión entre representantes de los inversores y la interventora Ayul realizada hace una semana, la abogada les informó que están teniendo problemas de liquidez por lo que tienen previsto vender ganado propio de República y lana para poder pagar los sueldos.
En la reunión con la interventora se habló también de que están buscando información de los retiros de animales que se hicieron antes de que se decretara la intervención de la empresa, luego de que decenas de inversores se percataran de que las cabezas de ganado que tenían a su nombre habían sido vendidas o movidas de campos sin su consentimiento.
Sobre ese aspecto, los inversores cuentan con un informe contable realizado en base a la información proporcionada por la empresa a los clientes y por el informe que elaboró el contador en el juzgado, a los que accedió El Observador, que dan cuenta de que la debacle de la empresa ocurrió entre junio y diciembre de 2024.
En ese período la empresa pasó de tener casi 99.000 cabezas de ganado a tener 37.000, por lo que disminuyó en 60% la cantidad de ganado adquirido con el dinero invertido por los particulares.
El informe contable menciona en base a los datos que pondera que "entre el ejercicio 2023 y el 2024 hay un notorio aumento en las ventas tanto de animales como lana y cueros (...) la empresa habría realizado una suertede pre-liquidación antes de solicitar el concurso, en perjuicio de los acreedores actuales y sin ningun aviso sino por lo contrario haciendolos creer que el negocio iba mejor que nunca".
El contador del Poder Judicial luego de examinar la información que entregó la empresa concluyó que el activo asciende a US$ 3.510.195 mientras que el pasivo es de US$ 89 millones (tomando el dólar a 4,482 valor del 6 de febrero de 2025), lo que determina la existencia de un déficit patrimonial de US$ 85.970.025.