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10 de mayo 2025 - 5:00hs

Mientras se instala entre oficialismo y oposición una disputa de relatos sobre el estado de situación de Ancap, el gobierno de Yamandú Orsi postula una revisión de la cadena de distribución de combustibles como un factor esencial a la hora de fijar las tarifas públicas.

El Ministerio de Industria (MIEM) ya firmó un decreto para crear un "grupo de trabajo" con ese fin, que estará liderado por representantes de la Dirección Nacional de Energía, e integrado por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua ( Ursea) y otros "actores relevantes del sector".

La labor de este grupo tendrá un "plazo máximo de hasta seis meses", según el documento al que accedió El Observador. El gobierno entiende que debe "realizar un análisis integral de la reforma de los combustibles" pretendida en 2020 por la Ley de Urgente Consideración (LUC), "en la medida que se advierte que la misma no ha cumplido los hitos previstos en la propuesta" de la istración anterior.

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La revisión de esta parte de la cadena ha sido una de las razones esgrimidas por la ministra Fernanda Cardona para explicar cómo el Poder Ejecutivo continuará en adelante con los ajustes de los precios de combustibles.

20250318 Ministra de Industría, Energía y Minería Fernanda Cardona. Almuerzo de .

"No abandonamos la paridad de precios de importación y tampoco cambiamos la metodología (...)", sostuvo en abril ante la comisión de Industria del Senado. "Si quisiéramos cambiar algo, la normativa legal nos habilita solo a modificar de uno a dos meses. Entendemos que eso, en la cuestión de fondo, no nos estaría ayudando en lo que entendemos que tenemos que dar como discusión en lo que es la cadena de combustible, que implica varios actores (...) en los que está involucrado el valor de precio de venta al público".

Sobre esa fecha llamó también a "trabajar con los sellos, con los estacioneros, con los transportistas y ver toda la cadena para ver si tenemos un mecanismo que realmente sea disruptivo y cambie la realidad", declaró en Arriba Gente (Canal 10), donde también expresó que un "escenario de mínima" para modificar las tarifas sería cada seis meses.

El pedido a la Ursea por las estaciones

El decreto del MIEM exhorta también a la Ursea a "no aprobar ni modificar regulación relativa a la distribución secundaria de combustibles líquidos", así como tampoco innovar en "trámites relativos a aperturas y traslados de estaciones de servicios hasta tanto se realice la revisión propuesta".

Según el actual gobierno, la anterior istración de la Ursea –a cargo de Silvana Romero– dictó "una sucesión de resoluciones, de forma parcial y dispersa que ha generado gran conflictividad e incertidumbre en el sector, con numerosos actos istrativos resistidos tanto en la vía istrativa como jurisdiccional".

A modo de ejemplo, en octubre del año pasado el Tribunal de lo Contencioso istrativo (TCA) falló a favor de Ducsa y Canopus –ambas sociedades de Ancap– en una acción de nulidad contra una resolución de la Ursea que referida a la información contable que deben entregar las distribuidoras.

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Por otro lado, el Poder Ejecutivo pidió al regulador "suspender los trámites pendientes y futuros, relativos a aperturas y traslados de estaciones de servicio hasta tanto se complete la revisión". La ministra Cardona estaba preocupada desde la transición de gobierno por decenas de expedientes observados vinculados a nuevas estaciones de servicio, y fue de hecho una de las consultas que elevó a la jerarca saliente Elisa Facio.

Con seis meses por delante, la nueva istración tiene prevista una nueva ley para modificar la forma en que se ajustan los combustibles. El ministro de Economía, Gabriel Oddone, señaló la semana pasada que estará en el "corto plazo".

"Vamos a tomar en cuenta la PPI, vamos a tomar en cuenta el factor X, que fue puesto arriba de la mesa por el período anterior, con algunas modificaciones", dijo a la salida de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. "Tenemos que tener un mecanismo claro, transparente para la población de cómo vamos a establecer la fijación de tarifas".

La concentración

El último registro de Ancap al cierre de 2023 indicó que un 15% del precio del combustible en el surtidor se debió al "costo y ganancia de la operación de distribuidoras, fletes y estaciones de servicio". Eso equivalía a US$ 500 millones del total de US$ 3.200 millones comercializados ese año, mientras que el resto se explicaba por los impuestos y por el ingreso para la estatal.

La propuesta de una revisión integral del rubro elevada en 2021 por el anterior gobierno consideraba que "en rigor no existe un mercado de combustibles, sino un sistema hiper-regulado con muy pocos incentivos a la competencia, donde para todos los actores está regulado el producto y sus ingresos (precio, margen o bonificación)”.

El expresidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, reconoció en junio de 2024 a El Observador que el hecho de que los combustibles sean caros "es una cuestión o de los impuestos o de la cadena de distribución". "Cuando vemos que en absolutamente todas las estaciones de servicio del país el precio es el mismo ahí hay un tema más de fondo, y es el oligopolio que existe a nivel de las cadenas de distribución de las estaciones de servicio".

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Carga de nafta en estación de servicio.
Carga de nafta en estación de servicio.

A tal punto que manifestaba su convicción de que "hay espacio para que haya cuatro o cinco marcas por lo menos de estaciones de servicio".

A esto se suma que en noviembre de 2023 el anterior gobierno desactivó un conflicto con la Asociación de Transportistas de Combustibles al acordar una prórroga de dos años al reglamento de la Ursea que traslada el costo del flete a las distribuidoras Axion, Disa y Ducsa, que a su vez definirán el monto a pagar por el servicio.

Por otro lado, hasta el año pasado había 468 estaciones de servicio, con más de la mitad de ellas pertenecientes a la red de Ancap y el resto repartidas entre Axion y Disa. El exjerarca Stipanicic afirmaba al respecto que "hay una fuerte concentración económica", con "pocos empresarios que venden mucho del combustible que se vende en el país".

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