Frente al fuerte crecimiento de la judicialización de conflictos sanitarios -que creció un 471% en los últimos años-, el Gobierno de Javier Milei puso en marcha el programa PROMESA, un Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud orientado a resolver disputas entre pacientes y prestadores sin necesidad de recurrir a la Justicia.
La medida fue oficializada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 379/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial, y establece un mecanismo optativo, rápido, confidencial y seguro para abordar controversias sanitarias de forma anticipada al litigio judicial.
Según detalla el decreto, PROMESA se aplicará a las controversias en salud donde estén involucradas obras sociales y entidades de medicina prepaga, amparadas por las leyes 23.660, 23.661 y 26.682. El nuevo procedimiento estará bajo la órbita del Ministerio de Justicia, con participación del Ministerio de Salud, y entrará en vigencia dentro de 60 días.
“La judicialización de conflictos de salud creció un 471% en los últimos años, lo que saturó los tribunales y dejó a los pacientes sin soluciones rápidas en momentos críticos”, informó la cartera a cargo de Mariano Cúneo Libarona, en una publicación en sus redes sociales.
“Frente a este problema, creamos ‘PROMESA’: un procedimiento de mediación opcional, rápido, confidencial y seguro para resolver conflictos sanitarios sin necesidad de ir a juicio”, anunciaron.
Según informó la revista Quorum, el texto oficial advierte que la explosión de litigios por cuestiones de salud saturó al Poder Judicial, generando demoras críticas en la atención de reclamos urgentes, como los relacionados con enfermedades crónicas o tratamientos de alto costo. En 2024, se iniciaron más de 10.900 juicios por salud, y en lo que va de 2025 ya se acumulan casi 838 casos nuevos.
En muchos de esos expedientes -señala el decreto- los pacientes no reciben soluciones efectivas a tiempo. Además, el volumen de causas impide una respuesta rápida de los tribunales, especialmente en los amparos y medidas cautelares.
Para evitar que “los ciudadanos vean cercenado su derecho al irrestricto a la salud”, el Poder Ejecutivo definió como urgente la creación de una instancia alternativa y ágil, mediante la mediación, con plazos breves, costos menores y profesionales capacitados específicamente en conflictos sanitarios.
El decreto también modifica artículos clave de la Ley 26.589, que regula la mediación prejudicial, e incorpora un registro específico de mediadores en salud, centros de mediación y entidades formadoras. La Dirección Nacional de Mediación del Ministerio de Justicia será la autoridad de aplicación.
“El Registro de Mediadores tendrá a su cargo la autorización, la habilitación y el control sobre el desempeño de los mediadores”, señala el decreto.
