Contexto
¿Qué se investiga en la llamada “causa de los seguros”?
La justicia federal investiga un supuesto esquema de contratación irregular de seguros por parte de organismos del Estado nacional con la empresa Nación Seguros SA, ocurrido entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023. La hipótesis del expediente sostiene que se montó una red organizada para direccionar esos contratos hacia un grupo reducido de brokers, evitando licitaciones públicas y generando millonarias comisiones a través de intermediarios privados.
Según los jueces Julián Ercolini y Sebastián Casanello —quienes instruyeron distintos tramos del expediente—, esta estructura habría operado de manera funcional y coordinada para beneficiar a personas físicas y jurídicas vinculadas al entonces presidente Alberto Fernández.
¿Cuál es el rol que la justicia le adjudica a Alberto Fernández?
El ex mandatario está imputado por istración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. La acusación central es que un decreto firmado por él vedó la posibilidad de realizar licitaciones públicas en la contratación de seguros para entes estatales, habilitando de hecho un circuito cerrado de empresas e intermediarios. Esto, para los investigadores, facilitó el direccionamiento de contratos en beneficio de un entorno privado afín a Fernández.
En su reciente fallo, Casanello sostuvo que existen “motivos bastantes” para sospechar que Fernández participó del esquema y que, por tratarse de un caso de criminalidad económica, es necesario asegurar los bienes de los imputados ante una eventual condena. En ese marco, se dictó nuevamente la inhibición general de bienes, tras una primera resolución que había sido revocada por la Cámara de Apelaciones.
¿Quiénes más están implicados en la causa?
Además de Fernández, figuran entre los imputados el empresario Héctor Horacio Martínez Sosa —íntimo amigo del ex presidente—, su pareja María Marta Cantero —ex secretaria de Presidencia—, y el ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, quien compartía antecedentes profesionales con Fernández en el sector asegurador. También están involucrados empresarios como Pablo Torres García y Oscar Castello, y un total de 51 personas físicas y jurídicas.
La causa detalla que Martínez Sosa y su círculo —incluidos productores y firmas como Bachellier S.A., BRI Brokers S.A. y Levelar S.A.— concentraron el 68,3% de las comisiones derivadas de las pólizas emitidas por Nación Seguros a entes estatales durante el período investigado. Según la justicia, ese monto equivale al 59,6% del total liquidado a todos los intermediarios.
¿Cómo era el mecanismo según la investigación?
El sistema se articulaba en tres grupos principales de brokers. El primero, vinculado a Martínez Sosa, operaba con firmas bajo su control y tenía relación directa con la secretaría presidencial. El segundo grupo, encabezado por Pablo Torres García, operaba con otras aseguradoras como TG Broker S.A. y París Broker. El tercero, liderado por Oscar Castello, estaba vinculado a Castello Mercuri S.A. y otras compañías del sector.
En paralelo, se detectó un circuito paralelo con la intervención de cooperativas como 7 de Mayo y Irigoin, que habrían sido utilizadas para facturaciones simuladas y desvío de fondos. Una de las observaciones más relevantes del juez Casanello es la existencia de “conflictos de interés en las más altas esferas de la istración pública”, lo que agrava el cuadro delictivo.
¿Qué medidas concretas tomó el juez Casanello?
El magistrado ordenó la inhibición general de bienes para todas las personas físicas implicadas, con alcance sobre cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones y plazos fijos. En el caso de las cuentas sueldo, se dispuso afectar solo el 20% de los fondos, y se excluyeron los haberes jubilatorios. También se embargaron cajas de seguridad, y se solicitó a las entidades financieras informar cualquier producto o servicio a nombre de los imputados, tanto personales como de las sociedades involucradas.
¿Por qué se reimpuso la medida cautelar?
La primera inhibición había sido dictada en abril de 2024, pero fue luego revocada por la Cámara de Apelaciones. Sin embargo, la fiscalía apeló, y tras avanzar en la recolección de pruebas, Casanello resolvió que la medida debía reimponerse. Entre los argumentos se destaca el riesgo de que, por el tiempo que demandará el proceso judicial, se pueda frustrar el cumplimiento de una eventual sentencia, lo cual justificó la necesidad de asegurar los bienes de los imputados desde ahora.
¿Qué elementos adicionales comprometen al entorno de Fernández?
Según el expediente, Fernández mantenía una “íntima y añeja amistad” con Martínez Sosa, quien le habría realizado obsequios y préstamos de dinero y bienes. También se investiga el uso compartido de inmuebles y aportes económicos desde empresas investigadas a la campaña presidencial de 2019. Por otra parte, se presume que los implicados habrían ejercido presión sobre Alberto Pagliano —entonces presidente de Nación Seguros— para beneficiar a determinadas firmas. Todo esto alimenta la acusación de una “estructura criminal” operando desde el poder Ejecutivo.
Cómo sigue
Con las nuevas medidas dictadas por el juez Casanello, la causa avanza hacia su próxima etapa procesal: las declaraciones indagatorias de los principales implicados. La investigación continuará profundizando en el circuito financiero que permitió el supuesto desvío de fondos, y en la posible responsabilidad directa del ex presidente y su entorno. El embargo preventivo se mantendrá activo mientras dure el proceso judicial, y no se descarta que, con nuevas pruebas, la fiscalía amplíe las imputaciones en los próximos meses. Por ahora, el expediente ya se convirtió en una de las causas de corrupción más complejas vinculadas al último gobierno nacional.
