Ingresan, quienes están allí para el acto, por otro lado. No por el de las visitas. Dejan su documento de identidad al personal policial. Esperan en una suerte de antesala dividida por un tapizado de alambre, igual al que divide el área del ingreso de visitas. Ellos no cargan casi nada, algunos pocos que no dejaron sus teléfonos en el auto lo llevan en la mano.
Cuando un volumen importante de personas que asistirá a la ceremonia se junta, el personal policial abre un portón del tamaño de una puerta y, acompañados de un policía, pasan al recinto carcelario. Lo hace un primer grupo. Después de unos minutos, lo hace el segundo.
De pronto, una coreografía: quienes esperaban para las visitas salen por un camino que lleva a los módulos y quienes esperaban para ir a la ceremonia salen por un camino que lleva a otra parte de la cárcel, más bien a la zona del Polo Industrial, el módulo de pre-egreso, donde están los talleres, donde están las oficinas de Dinali. Unos cargan bolsas, van riendo, hablando, con la certeza del rumbo en una cárcel inmensa. Los otros están en una visita guiada. Unos agarran hacia la derecha, otros hacia la izquierda.
Esa es otra frontera.
Mientras que el primer grupo de invitados a la ceremonia camina, el policía que los guía muestra un galpón con la mano, alargando un brazo, y dice:
—Acá pueden ver ya los muros de bloques. Empezamos a ver obras que realizan los propios reclusos, desde la fabricación del bloque.
Y explica, en el contexto de la visita guiada, que “ACDE y Manpower se combinaron para poder tener acá una sala, gracias al INR, donde comienza un trabajo con las personas próximas a la libertad, o que han manifestado buen comportamiento y buena voluntad, para irlas preparando para un diálogo laboral y también en habilidades fundamentalmente blandas, desde hacer un currículum hasta cómo vestirse”.
Aunque en el recorrido también dice, por ejemplo, que el sistema de privados de libertad está “saturado” y que cada uno tiene que ir demostrando su voluntad para ir cambiando de módulo, hasta llegar al llamado Polo Industrial. Es que del total de los privados de libertad del Comcar, aproximadamente los que acceden a esta área son 400.
“Es el cinco estrellas de la cárcel”, dice un hombre dentro del grupo. Y nadie le responde que sí, ni le critican la analogía. Tampoco se la niegan.
“Te las tenés que ganar, acá te las tenés que ganar”, dice el policía, apurando el paso. “Con el trapo de piso en el módulo, ahí se empieza a demostrar tu voluntad de mejorar. A partir de ahí vas subiendo. Si tenés habilidad de albañil, si tenés habilidad de plomero, se los va captando acá”, agrega a lo largo del recorrido.
En un informe bajo el título Seguridad pública, cárceles e innovación en políticas sociales, realizado por el Comisionado Parlamentario Penitenciario, está escrito lo siguiente:
“Lo que sí sabemos es que los sistemas penitenciarios reúnen a los que han cruzado ciertas fronteras”.
Y, fronteras, hay más.
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En Uruguay, el porcentaje de reincidencia en el delito una vez que se recobra la libertad es alto. Según un informe publicado por el Ministerio del Interior en agosto de 2023, entre los excarcelados en 2019, el 29,2% había reincidido en un período de 6 meses desde su primera excarcelación, el 44,1% en un período de un año, el 58,7% en un período de dos años, y el 65,6% en un período de tres años.
“Es importante notar que la curva de crecimiento tiende a aplanarse, por lo cual es esperable que en años subsiguientes se estabilice en torno al 70%”, explica el informe.
El porqué es multifactorial y, además, escaso en datos y en sociedad civil organizada.
Pero se sabe, por ejemplo, que en 2019 se realizó un censo a personas en situación de calle (precedido por el de 2016) y los resultados indicaron que el 82% de los censados habían vivido en algún tipo de institución de salud mental, privación de libertad o el INAU. De ese 82%, el 69% dijo haber estado privada de libertad en algún momento.
“En esta istración se midió por primera vez la reincidencia”, dice Carmen Sanguinetti, ex senadora del Partido Colorado, refiriéndose a la presidencia del ex presidente Luis Lacalle Pou. En conversación con El Observador, agregó: “Hay una frase que repito un montón, que es que cuando una sociedad no tiene datos te da la pauta de cuánto prioriza eso”.
En ese sentido, Sanguinetti fue la impulsora de la ley que fue aprobado en Cámara de Senadores en febrero de 2025, cuya intención es promover el empleo en personas liberadas de la cárcel, entendiendo que el empleo es crucial para reducir la reincidencia delictiva.
En aquel estudio realizado por el Comisionado Parlamentario Penitenciario, se expresa que “de los datos del relevamiento de las personas en situación de calle, se puede observar la similitud que tienen con el perfil de la población carcelaria: 9 de cada 10 son hombres, el 83% declara consumir alguna sustancia, 59% son consumidores problemáticos (diario), el 37% declara tener problemas de salud mental o haber estado internado”.
Aunque “si hablamos del perfil de la población privada de libertad, no tenemos números exactos”, dice Juan Miguel Petit, el Comisionado Parlamentario Penitenciario, a El Observador.
El único censo de población carcelaria que existe se hizo en 2010, cuando el volumen de personas en cárceles era de 8.775. En 2024, aumentó a 16.124 personas, según datos del Ministerio del Interior, que durante 2025 estará trabajando en un segundo censo.
Según Petit, “todos los informes e indicadores cualitativos indican que se trata de una población joven, una población que viene de sectores sociales vulnerables o de pobreza, de hogares con muchos hijos, con temprana deserción educativa, en muchos casos con los informes del Ministerio de Educación indican un grado de analfabetismo importante por la falta de a la escuela o por la falta de uso durante muchos años de los conocimientos básicos de lectura y cálculo. Una población con una incidencia importante en el consumo de sustancias, también problemas de salud mental”.
Por lo tanto, explica, se trata de una población donde convergen un conjunto de problemáticas sobre las cuales es estratégico actuar en política social. Es que, según el informe citado del Comisionado Parlamentario, “es bastante evidente empíricamente que en las unidades donde hay oportunidades socioeducativas las reincidencias son mucho menores que en los lugares de baja actividad educativa”.
Estratégico, obviamente, en términos de seguridad y de dignidad humana. Pero, además, porque el volumen de la población del sistema carcelario tiene al menos unas 2.700 plazas faltantes (casi 6 cárceles de unos 500 cupos), lo que lo vuelve infinanciable.
“Son una población con complejidades”, dice la ex senadora Sanguinetti, y “por tanto, necesitamos darles una mano en la inserción porque si no es muy difícil que se inserten productivamente en la sociedad”.
Es que “muchos de ellos son reincidentes y reincidieron porque salieron a buscar una oportunidad y no la tuvieron. Varios de ellos, quizá, nunca la tuvieron en su vida”, explica Daniel Fernández, Coordinador General de Dinali en el gobierno de Lacalle Pou, a El Observador. "Pienso que esta gente está por fuera de la democracia", dijo además el actual director de la Dinali, Luis Parodi.
En 2021, la Dinali pasó de estar en la órbita del Ministerio del Interior a estar bajo la istración del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). En el 2020, sin embargo, el MIDES ya había comenzado un trabajo en cárceles uruguayas para colaborar con las etapas de preegreso de los privados de libertad. Ese año habían instalado una oficina en el ex Comcar con cinco técnicos sociales.
Después del pasaje de la Dinali, el modelo se fue replicando en otras cárceles. No en todas las cárceles del país hay oficinas, pero sí hay presencia de equipos del Mides en todas ellas.
“Lo que se busca no es tomar a la persona y la situación personal al momento que recuperan la libertad, sino trabajarlas bastante antes. Al menos seis meses antes es lo que se viene haciendo y lo que se ha intentado profundizar a través del pasaje de la Dinali al MIDES”, dice Fernández.
Uno de los focos más importantes está en la inserción laboral de los privados de libertad. Hay programas que maneja directamente la Dinali, pero también hay algunos que maneja el MIDES. El programa s es ejemplo de “la importancia que tuvo que la Dinali se incorpore al MIDES, porque gracias a eso puede postular personas liberadas al programa s”, comenta Fernández.
Se trata de un programa de siete meses de trabajo protegido donde el MIDES tiene convenios con instituciones públicas. Los 3.000 participantes anuales del programa, entonces, se insertan a trabajar en distintas dependencias estatales, de mayo a diciembre.
En 2023, de hecho, se seleccionaron 85 personas postuladas por Dinali para el programa s y, en 2024, esa cifra había aumentado a 246. En una segunda fase, se incorpora un formato empresa madrina, donde empresas privadas que requieran perfiles de trabajadores se nutren de perfiles provenientes del programa s.
“En la segunda etapa se busca la incorporación de estos participantes al ámbito privado”, explica Fernández. Es que, según Sanguinetti, “se tomó conciencia de que el Estado solo es muy difícil que pueda resolver este problema ”.
“Para revertir una situación de este tipo precisamos un Estado que trabaje de manera eficiente, comprometido, y que hace todo lo que está a su alcance, pero necesitamos también a una sociedad civil articulada que esté traccionando junto con el Estado y necesitamos un sector privado que esté dispuesto a contratar”, agrega.
Para eso, el Estado ha generado incentivos.
La ley aprobada (19.973) propone incentivos para las empresas que contraten personas liberadas de prisión, ofreciendo un subsidio de hasta el 80% de su salario mensual, con un tope de dos salarios mínimos nacionales. Esta ayuda se extiende por un período de entre seis y doce meses. El objetivo es fomentar la reinserción laboral de estas personas, considerando que el empleo es crucial para reducir la reincidencia delictiva.
Pero, además, explica Sanguinetti que “esta regulación lo que hace es contemplar el grueso de los salidos del sistema penitenciario, que tienen entre 30 y 44 años. La regulación que teníamos era para los menores y para los mayores de 45. Esta ley viene a llenar ese vacío”.
En ese sentido, Parodi declaró que "la ley ayuda, pero no ha sido suficiente. Por las dificultades que hay, por los prejuicios, todo eso junto hace que sea difícil".
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“Hay que ser autocrítico de que el Estado solo no puede”, sentencia Fernández.
Por eso, en mayo de 2023, el MIDES lanzó un programa llamado Red de oportunidades. “Empezaron a surgir intereses de los empresarios de conocer qué pasaba con las poblaciones privadas de libertad”, explicó Fernández. Ahí es donde, en este sistema, aportan los privados. “Cuando la persona recupera la libertad y necesitamos seguir incrementando las posibilidades de generar una oportunidad como nexo para que las personas consigan un trabajo”, dice.
Pero el trabajo con los privados va más allá. ACDE y Manpower, por ejemplo, trabaja en el ex Comcar en las etapas de preegreso, y en las de egreso, con la intención de seguir con otras unidades este año.
“Más allá de lo que puede ser la debilidad en la rehabilitación, hay también una fortísima debilidad en la reinserción, que es el eslabón posterior al de la habilitación. Es fundamental porque tiene un aspecto no solamente laboral, sino de inserción comunitaria”, le comenta Marcelo Scavuzzo, presidente de ACDE, a El Observador.
Más allá de grupos empresariales como ACDE, hay empresas privadas que se han acercado a la Dinali por voluntad propia, pero además por la naturaleza del rubro en el que trabajan. Teyma, una empresa constructora uruguaya, contrata personal liberado hace más de 18 años.
Según Jorge Penedo, gerente de recursos humanos de Teyma, la contratación de personas que pasaron por penales “siempre se enmarcó en la responsabilidad social empresarial”, pero “se comprendió que en muchos casos nuestras actividades podían incorporar a personas liberadas cuyo perfil se adapta perfectamente al trabajo en la construcción”.
Tanto es así, que Teyma es una de las empresas que tiene un convenio firmado con el MIDES. Acceden, entonces, a perfiles de ex privados a través del Ministerio, pero también a través de ONGs que se dedican a capacitar y a trabajar con los liberados para después presentarlos a empresas privadas.
Tanto el Ministerio como las ONGs (y también lo hace ACDE como organización) hacen seguimientos a los perfiles ofrecidos a las empresas, para “continuar con la trayectoria después de que la persona recupera la libertad”, dice Fernández.
Sin embargo, una de las problemáticas más claras se vincula con lograr la continuidad en los puestos de trabajo de los liberados con adicciones. Líderes de este tipo de ONGs declararon a El Observador que a pesar de los seguimientos, son estos los perfiles que aún habiendo sido capacitados para distintos rubros, no logran desempeñarse en el mundo laboral.
Según Sanguinetti, “la realidad es que van a haber personas que salgan del sistema penitenciario que va a ser muy difícil que logremos encausarlos porque estuvimos ausentes como Estado hace décadas en las vidas de algunas personas”.
Penedo, por otro lado, expresó que desde Teyma no han “observado que este grupo poblacional presente una problemática particular que lo haga más desafiante que otros. Por el contrario, cuando la persona viene referida tras un trabajo previo por parte de una ONG o de la Dinali, muchas veces está en mejores condiciones para aprovechar la oportunidad laboral. En ese sentido, la contratación de personas liberadas no solo no representa una desventaja, sino que en muchos casos es una opción más conveniente debido al seguimiento y al acompañamiento que tienen”.
Y, aun así, los prejuicios permanecen.
En enero de este año, Equipos realizó una encuesta donde se presentaban frases con las que los consultados podían estar “muy de acuerdo” o “nada de acuerdo” (en una escala del 1 al 5) pensando en personas que se encuentran en situación de libertad del sistema penitenciario.
A la afirmación “se puede confiar en ellos”, el 38% respondió con valoración negativa.
Según Scavuzzo, “si nosotros logramos que ya salgan con algún certificado de Manpower, de alguna manera eso allana enormemente los prejuicios que tenemos los empresarios a la hora de entrevistar a un liberado y ponerlo como un trabajador”. El MIDES indicó que, además de los postulados a Dinali al programa s, hay programas de inserción laboral de Dinali con instituciones públicas y privadas. Previo al cambio de mando al gobierno de Orsi, había alrededor de 300 personas involucradas en los mismos.
Lo que no existen son los datos de qué rubros contratan más ex privados de libertad, pero el MIDES estima que se trata de la construcción, limpieza y mantenimiento.
“El Mides ahora está entrando en las empresas”, dice Fernández. No son solamente los equipos técnicos en diálogo con las empresas para la selección de perfiles y seguimiento de los liberados. Es también un sistema legislativo que da incentivos. Pero, según Sanguinetti, “el que no tiene interés en contratar, no hay incentivos que le valgan”.
Lo que sí encuentra como argumento significativo, sin embargo, es el testimonio de otras empresas que declaran haber tenido un cambio de cultura de sus equipos desde un lugar positivo. “Pero es muy difícil. Sería muy inocente de mi parte decir que con esta ley ahora van a salir como locos a contratar. No. Esto es un paso en la línea correcta que se tiene que seguir profundizando”, remata.
En ese sentido, Parodi está de acuerdo con la afirmación de que el Estado solo no puede. Según declaró a El Observador, la nueva gestión de la Dinali tiene intenciones de mantener los programas de inserción laboral que se han generado hasta el momento, pero entiende que hay que buscar más soluciones. Es que "hasta ahora no cayó mucho laburo, pero vamos a seguir en esa vía. A los empresarios uruguayos, con los beneficios que les dan, hasta ahora no ha sido suficiente. No quiero decir que se les dé más, estoy diciendo de inventar otras cosas que les permitan contratar, porque no hay un gran flujo".
Entonces, la nueva gestión de la Dinali irá en la línea de la istración anterior, bajo la idea de que "el Estado solo no puede", pero agregando "lo privado en su totalidad": desde organizaciones sociales, sindicatos, iglesias, clubes de fútbol. "El Estado solo no solo no va a poder, sino que me parece que si no hacemos una profunda revisión de algunas prácticas, se transforma en un obstáculo (...) vamos a continuar en aquella línea, incluso con lo que no estemos de acuerdo, pero demuestre que anda mejor que lo nuestro, porque lo que está en juego es la democracia. Con una sola condición, que no someta y humille, todo lo demás vale", agrega Parodi.
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Ese día de noviembre, las fronteras también estuvieron dentro del penal. La ceremonia se realizó dentro de un galpón con forma de gimnasio, en el Anfiteatro del Polo Industrial. Mientras que llegan los empresarios, los políticos, la prensa, los parlantes llevan música al ambiente. Lo decoran. Lo vuelven más agradable.
Las paredes pintadas: dos boxeadores a punto de golpear, unos pájaros saliendo de una jaula, una palabra con una tipografía de graffiti urbano. Un aro de básquet en el fondo. Adelante, en una tarima, una mesa para la conferencia y las tres banderas uruguayas. Carteles de ACDE, de Manpower. Un sinfín de sillas entre la tarima y el fondo del galpón. Y, allí, alrededor de doce privados de libertad parados contra la pared. Llevan gorras celestes con el logo de ACDE bordado en blanco. Un policía con ellos. Se ríen, se mueven apenas. Se hablan entre ellos.
Comienza a aparece, como una canilla abierta, la población visitante, que es más bien la población empresaria. Están de traje, zapatos, carteras de marca, relojes, lentes de sol. Uno, dos, tres camarógrafos de canales de televisión. Ingresan dos curas. Tres mujeres se sacan una selfie allí.
Cerca de la entrada, dos mesas largas con vasos y bebidas. Una mujer se acerca con las llaves del auto colgando del cuello, le sirven, dice gracias reiteradas veces. Excesivas veces. Ingresan políticos varios, a pocos días del balotaje del que saldría ganador el Frente Amplio con Yamandú Orsi. En aquella instancia en el Comcar no hubo políticos frenteamplistas aunque, dijeron de la organización del evento, que se les fue enviada invitación.
Ingresan los ministros del Interior y de Desarrollo Social de aquel entonces: Nicolás Martinelli y Alejandro Sciarra. Suben a la tarima, se sientan en las sillas. También lo hacen el Comisario General retirado Luis Mendoza (director del INR), Marcelo Scavuzzo (presidente de ACDE), Marcos Aguiar (secretario de ACDE).
En el público, todo aquello: empresarios, senadores, diputados, jerarcas. Incluso, Gustavo Zerbino, sobreviviente de la tragedia de los Andes que ha colaborado con centros penitenciarios en alguna ocasión.
Durante el acto, no solo se firman papeles. Dan discursos algunos y suben referentes de la Cámara de Construcción, de la Cámara de Industria y de la Cámara de Comercio a dar los suyos.
El último discurso es para Luis y Jorge, “dos personas privadas de libertad en representación del grupo que nos está acompañando”, dice al micrófono la conductora del evento.
Cuando terminan los aplausos, el centro del lugar queda vacío. Cerca del escenario se acumulan, se apilan, se ríen, gritan, conversan también, la mayoría de los visitantes. Al fondo, están paradas las personas privadas de libertad. La frontera está. Algunos pocos la cruzan para conversar. No más de cinco.
Pasados veinte minutos el lugar se vacía. No hay música, ni canales de televisión. Ni políticos, ni empresarios de traje. Y la cárcel vuelve a ser cárcel.
