istran recursos millonarios, no se rigen bajo las reglas del Estado uruguayo, pagan buenos sueldos –algunas lo hacen en dólares americanos– y deciden sobre aspectos estratégicos para el país. Las comisiones binacionales estuvieron en el ojo de la tormenta hace dos años ante las prácticas clientelísticas que en Salto Grande le costaron el cargo al nacionalista Carlos Albisu y que denunció el Frente Amplio en varios casos.
La nueva istración de Yamandú Orsi está esperando a que la oposición termine de acordar puertas adentro los nombres para los 40 cargos de contralor, de modo de también cerrar el paquete de designaciones para las comisiones binacionales.
Mientras tanto, el gobierno del Frente Amplio ya tiene resueltos los nombres para tres cargos claves: el expresidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, presidirá la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande; en la Comisión a del Río Uruguay ( CARU), la conducción recaerá en la exdiputada del MPP en Paysandú, Cecilia Bottino; y el titular de la delegación uruguaya en la Comisión a del Río de la Plata será el expresidente de la istración Nacional de Puertos (ANP) y otrora subsecretario del Ministerio de Defensa, Daniel Montiel.
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Archivo, Comisión Técnica Mixta de Salto Grande
Pablo Porciuncula / AFP
Son tres figuras del MPP, que ya tiene la confirmación de esas designaciones, según reconstruyó El Observador. Como posibles delegados uruguayos en comisiones binacionales también se manejan los nombres del exministro de Defensa, José Bayardi (Vertiente Artiguista) y del expresidente de la ANP, Alberto Díaz (Partido Socialista), informaron fuentes políticas para esta nota.
Dentro del paquete faltan también las designaciones para la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo –considerada fundamental para el mundo de la pesca–, la Comisión Mixta Brasileño-Uruguayo para el Desarrollo de la Cuenca de la Laguna Merín, la demarcadora de límites en el Río Uruguay y la mixta para el Desarrollo de la Cuenca del Río Cuareim.
A la falta de definiciones oficiales se suman también el advenimiento de las elecciones departamentales –para las que el extitular de Salto Grande Albisu vuelve a comparecer como candidato a intendente–, y el hecho de que el designado director general para Asuntos Limítrofes, Carlos Amorín, el responsable de la Cancillería para velar por estos asuntos, todavía continúa desempeñándose como embajador ante Naciones Unidas en Nueva York.
La ley prometida que nunca se aprobó
Embretado por el escándalo desatado en Salto Grande, el entonces canciller Francisco Bustillo llegó a la interpelación del 4 de octubre de 2023 con anuncios concretos. Uno de ellos fue la promesa de un proyecto de ley para que los delegados uruguayos en las comisiones binacionales estén impedidos de hacer política, para prevenir casos como los de Albisu, quien cayó por montar una estructura política –en especial con dirigentes de la 404– de cara a las elecciones departamentales de 2025 en las que sería un candidato con chances reales de disputarle al Frente Amplio la Intendencia de Salto.
Tras algunos desencuentros entre los blancos, la iniciativa se aprobó el 19 de octubre de 2023 en el Senado y seis meses después, en abril de 2024, al filo de las elecciones internas, consiguió luz verde en la comisión de Asuntos Internacionales de Diputados, con vistas a aprobarse en la siguiente sesión ordinaria de la cámara.
Sin embargo, como tantos otros proyectos y pese a que tenía unanimidad, la iniciativa del Poder Ejecutivo nunca se trató en la segunda cámara y terminó archivada una vez que concluyó la legislatura. Al gobierno de Orsi le interesa marcar un mayor control en estos organismos, a la vez que el nuevo Parlamento constituido vuelve a poner el tema en el tapete, ante el pedido de desarchivo por parte del diputado del Herrerismo, Juan Martín Rodríguez. En esa discusión también está embarcado el Frente Amplio.
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Francisco Bustillo durante la interpelación por Salto Grande. Archivo
Inés Guimaraens
“Yo creo que hoy lo que nosotros tenemos que buscar es mayores garantías para que eso realmente no vuelva a pasar”, dijo a El Observador el senador del MPP, Nicolás Viera, quien fuera el miembro interpelante de Bustillo en octubre de 2023 en su calidad de diputado. “Tenemos que generar una cobertura legal para que aquellos cargos que se designen al frente de estas comisiones tengan las inhibiciones de no poder participar de una contienda electoral mientras que estén en el cargo. Y no tiene que ser, creo yo, debatido en un año electoral, porque se puede estar legislando a golpe de tarro y eso nunca es aconsejable”.
De hecho, quien asumirá al frente de la CARU, Cecilia Bottino –por más que aclara de antemano que todavía no tuvo ninguna comunicación oficial– sostiene que “lo primero que hay que mirar” bajo una nueva istración es la designación de Juan Carlos Martínez en la secretaría istrativa del organismo, cargo que se rota cada año con la delegación argentina. En el Frente Amplio de Paysandú es definido como alguien de “estrecha amistad” con el expresidente Lacalle Pou que entró con la delegación saliente y que durante este año continuará en esa responsabilidad.
La istración del nacionalista Mario Ayala en CARU llegó a frenar ante las denuncias de la oposición frenteamplista un concurso interno que habilitaba a las designaciones directas del organismo a postularse para quedar presupuestadas dentro del organismo. “No respetaban el estatuto y los concursos”, asegura Bottino, del MPP.
También en Salto Grande estarán bajo la lupa las contrataciones firmadas bajo la gestión nacionalista en la delegación uruguaya. Se trata de unos 15 contratos que tuvieron que recategorizarse para asegurar que cayeran al final del período con las autoridades salientes. Se trata de todos modos de un debate que salpica a todos los partidos y también blancos y colorados tienen ejemplos de sobra con los que han cuestionado las contrataciones bajo los gobiernos frenteamplistas.
La planta de hidrógeno verde
Uno de los grandes temas que estarán bajo la órbita de la CARU será la construcción de la nueva planta de hidrógeno verde postulada por HIF Global a nueve kilómetros de Paysandú y a tres kilómetros de las playas de Colón (Argentina) sobre el Río Uruguay. La ubicación genera malestar en la vecina orilla y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se reunió con el presidente Orsi la semana pasada para pedirle que se considerara una relocalización.
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El hidrógeno verde requiere de fuentes renovables, como la energía solar, para su producción.
La delegación argentina en la CARU está coordinando acciones con el gobernador Frigerio –la presidenta Ingrid Jetter se reunió el mes pasado con el jerarca entrerriano–, mientras los gobiernos locales del país vecino activaron un mecanismo de consulta a través de la comisión binacional para hacerse de más información, confirmó a El Observador el actual titular del organismo, Mario Ayala.
La respuesta formal hasta ahora es que el Estado uruguayo no tiene información y que el Ministerio de Ambiente –en medio de tensiones con la Intendencia de Paysandú, que logró en la Junta Departamental la aprobación de una recategorización de los terrenos– todavía no se ha expedido sobre el asunto.
Bottino, del MPP, entiende que la CARU también deberá pronunciarse sobre el proyecto, dada la proximidad con el Río Uruguay. La delegación argentina también le ha transmitido a Uruguay su inquietud por continuar la discusión en torno a la discusión del puente que conectaría Bella Unión con Monte Caseros y la necesidad de resolver una nueva licitación para el mantenimiento del dragado, contrato que Ayala –el jerarca saliente– entiende que puede ser renegociado.
