¿Estamos frente a un tema de filosofía económica y política?, ¿es un tema de gestión?, ¿de prioridades?, ¿es mucho o es poco lo que se destina a esta política pública? Seguramente, en el intercambio de ideas existan estos y otros ingredientes. El problema es cuando la conversación se desordena y la intervención se realiza en todos los frentes pero con el sesgo de uno solo.
Un debate filosófico legítimo
Desde una perspectiva filosófica, es razonable que haya visiones contrapuestas. Algunos sostienen que este tipo de políticas públicas, que apuntan al arraigo de la familia productora rural, son legítimas y necesarias. Otros creen que ese objetivo puede alcanzarse con menor —o nula— participación estatal. Es una discusión válida y bienvenida.
El problema surge cuando el debate se contamina. Se omiten nombres precisos para las ideas, se desdibujan los argumentos y, sobre todo, se cae en falsas oposiciones: como contraponer la compra de tierras con la atención a la pobreza infantil. Si siguiéramos esa lógica, toda, absolutamente toda erogación del Estado sería cuestionable por no ser "la más urgente".
Contabilidad básica: activos versus gastos
Como buen Escenario2, alejado del ruido y el mainstream, mi deformación contable me lleva a ver esta operación como lo que es: una conmutación de activos, no un gasto.
Mas allá de los vericuetos de la contabilidad pública, la realidad económica indica que el gasto es una salida de caja que se extingue, se consume, en período corriente. Un activo, en cambio, es un recurso económico que tiene valor y puede generar beneficios futuros.
La compra de tierras por parte del Estado implica una reducción de fondos disponibles, sí, pero al mismo tiempo se incrementa otro activo, no afectando el nivel de patrimonio público. Y no cualquier activo: hablamos de tierra productiva, un bien escaso que, en los últimos 25 años, multiplicó por 10 su valor promedio.
De modo que si lo viéramos como un modo de atesorar o reservar recursos para incluso valorizarlos, y que además permite la ejecución de políticas publicas demandadas, no estamos frente a un gasto superfluo ni un berretín de turno. Claro que este razonamiento de tipo contable, de enfoque en esencia práctico, puede caber para todas las adquisiciones de bienes durables por parte del Estado.
Digamos que sí, pero no. En el caso de la tierra, la probabilidad de pérdida de valor tiende a cero. No ocurre lo mismo cuando el Estado adquiere otro tipo de activos que sí pueden perder valor rápidamente, lo que podría ser visto simplemente como un gasto diferido.
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Colonización: una inversión que genera respaldos y cuestionamientos.
Juan Samuelle
Los números no opinan
El INC posee un stock de tierras que hoy supera los US$ 1.200 millones, parece una cifra asustadiza, pero no han desaparecido, no se deprecian. Además, el alcance es limitado: apenas el 3% del área productiva nacional.
Por otra parte, el precio de adquisición no es arbitrario. Fue acordado entre privados, lo que en principio garantiza valores de mercado. Salvo que asumamos que una de las partes actúa bajo irracionalidad económica—y si creemos eso, tenemos un problema más profundo—.
Un caso concreto: el sector lechero
El establecimiento será destinado, entre otras cosas, a la instalación de unos 20 tambos. La lechería es una de las actividades agroindustriales más dinámicas del país: exporta el 70% de su producción y genera en divisas más de US$ 850 millones al año.
Sin embargo, el sector enfrenta un proceso de reducción estructural continuo. En 2023 había unos 2.125 productores remitentes; en 2024, posiblemente haya unos 2.050. No es solo un número: detrás hay empresas familiares, empleo rural, comunidades que se debilitan y una cadena que empieza a perder eslabones de sostén.
Por eso, medir el impacto de esta política únicamente por el monto total invertido por el INC en función del número de colonos es simplista, casi como cuenta de ábaco. Ignora el efecto multiplicador de la producción agropecuaria y las externalidades positivas que genera a su alrededor. Pero si así fuere, si tomáramos como válido el destino directo y pomediáramos entre el numero directo de beneficiarios, ese tamiz racional también deberíamos utilizarlo para un sinfín de erogaciones o renuncias fiscales que realiza el Estado. Y ahí si referimos a gasto y no inversión. Ahí referimos a evaporación de recursos públicos.
Ejemplos abundan. Pero si solo tomamos un radio de los últimos 10 años es posible que la asistencia a la llamada Caja Militar haya superado los US$ 4.000 millones para beneficio directo de unas 50.000 personas. Es como si la sociedad haya financiado la entrega de un cheque promedio adicional de US$ 90.000 para determinadas personas con determinada posición para que gaste durante 10 años sin ningún tipo de reembolso.
¿Qué hay del gasto tributario y su impacto? Cada vez que el Estado deja de recaudar impuestos con determinadas exoneraciones o incentivos que, en su mayoría comparto, ¿podemos medir en base a la renuncia fiscal el impacto que se obtiene?, ¿cuántas de todas esas inversiones y empleo se hubieran generado igual? En fin, cuando realizamos cuentas simples terminamos en razonamientos simples, luego, la implementación de políticas es mucho más compleja y dura.
Gobernanza: un verdadero desafío
¿Hay margen para mejorar la gobernanza de estas políticas? Sin dudas. Como en otras áreas del Estado —empresas públicas incluidas—, se necesitan criterios técnicos sólidos, eficiencia en la gestión, transparencia en la rendición de cuentas y reglas claras para la adjudicación de recursos.
Pero no confundamos los planos. El debate sobre el rol del Estado es válido y necesario. Lo que no corresponde es mezclarlo todo en una licuadora retórica. La tierra es un activo con elevada probabilidad no solo de preservar valor, sino de incrementarlo. Genera oportunidades, y desde enfoque económico amplio, debemos incluir en definición de política no solo costos y beneficios monetarios.
