La Justicia de Artigas formalizó a dos enfermeras por la presunta comisión de delitos comprendidos en el artículo 280 del Código Penal, referido a la “apropiación de niñas, niños o adolescentes para la adopción”. La investigación, iniciada tras una denuncia del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), también involucra a una abogada, cuya formalización está pendiente.
Según informó El Observador el pasado sábado, las investigaciones llevaron a la detención de tres mujeres. Dos de ellas son enfermeras: una trabaja en una mutualista y la otra en el Centro de Salud de Artigas (ASSE). La tercera implicada es abogada de profesión.
La denuncia fue presentada por el INAU, que habría detectado una situación sospechosa en una madre con embarazo a término, quien “nunca accedió a lo que le proponían” las ahora formalizadas.
Una de las enfermeras detenidas habría ado a la mujer embarazada con otra mujer residente en Brasil, quien pretendía pagar por el bebé, según señala el medio local Clicregional.
Beatriz González, fiscal del caso, explicó al consignado medio que en primera instancia la abogada detenida no fue formalizada, debido a que durante la investigación surgieron conversaciones que levantan sospechas sobre la posible implicación de la abogada en un ilícito. Por ello, se deberá esperar a que designe una nueva defensa. En ese sentido, la fiscal ya anunció su intención de —una vez subsanado ese contratiempo— pedir su formalización en los próximos días.
A la enfermera de la mutualista, que reside en la fronteriza ciudad brasileña de Quaraí, se le impuso la obligatoriedad de fijar domicilio, colocación de tobillera y la notificación a la Dirección Nacional de Migración para evitar su salida del territorio uruguayo, y se le prohibió comunicarse o acercarse a la víctima y sus familiares en un radio de 300 metros durante un plazo de 120 días.
Idénticas medidas se adoptaron respecto a la enfermera que trabaja en ASSE, con el añadido de presentarse semanalmente ante la autoridad policial competente.
Miredi Biscarra, abogada de una de las enfermeras, consideró tras la formalización que su defendida no es acusada de apropiación, sino de “un delito de peligro” que, según el ya mencionado artículo del Código Penal, comprende a quien “utilizara estratagemas y engaños para separar a un niño de las personas a su cargo o para violar el debido proceso legal para la adopción”.
La patrocinadora negó que en la audiencia de formalización se manejaran algunas versiones que circularon de forma extraoficial. Por ejemplo, que médicos estuvieran al tanto de la situación, o que a la embarazada se le ofreciera realizarse una cesárea en Quaraí.
Biscarra señaló que, hasta el momento, no se manejó tampoco información acerca de otros presuntos casos similares, algo que también había trascendido.
De acuerdo a lo que trajo a colación el Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay (INAU), el artículo 280 del Código Penal uruguayo establece penas para quienes, mediante engaños o estratagemas, separen a un menor de las personas a su cargo o violen el debido proceso legal para la adopción. El INAU es el organismo competente en la selección de las familias adoptantes, con el objetivo de restituir el derecho a vivir en familia de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran privados de un medio familiar.
