En las últimas horas la nueva fiscal del caso Sandra Fleitas recibió una ampliación de denuncia sobre la estafa en la que se señala como responsable a Ignacio González Palombo, quien se presentaba como empelado de la sociedad de bolsa Pérez Marexiano.
El abogado Ignacio Durán planteó en la nueva denuncia, a la que accedió El Observador, “la utilización sistemática de cuentas bancarias de terceros - sin vínculo legítimo alguno con los inversionistas - para recibir importantes sumas de dinero”.
González Palombo es por el momento el único imputado (indagado) en la causa y tiene prohibido salir del país por disposición de la justicia luego de que fue detenido en abril para tomar medidas cautelares.
La investigación apunta a la captación de importantes sumas de dinero -la estafa podría llegar a varios millones de dólares- "bajo la promesa de inversión en instrumentos financieros regulados, generando en las víctimas una apariencia de legalidad, respaldo institucional y rentabilidad, a través de documentación y comunicaciones falsificadas o manipuladas y la decisión de invertir sin la autorización de sus clientes en instrumentos financieros de altísima volatilidad y riesgo extremo (…) lo que derivó en el vaciamiento total de sus cuentas”, afirmó la deuncia.
Señaló que a partir del mes de diciembre de 2024 González comenzó a ofrecer a sus clientes lo que describía como “negocios paralelos” o “operaciones privadas de liquidez” que consistían, “según su versión, en el retiro momentáneo de dinero desde la cuenta del cliente en Pérez Marexiano y su posterior transferencia -a su cuenta personal o a cuentas de terceros - bajo la promesa de que el capital sería reintegrado a la cuenta del cliente dentro de la sociedad de bolsa, junto con una ganancia, en un plazo breve”.
“El argumento esgrimido para justificar esta maniobra era que existían demoras en la liquidación interna de fondos por parte de la sociedad, y que de este modo se ayudaba a otros clientes que solicitaban retiros urgentes”, agregó.
Según la denuncia este esquema fue presentado inicialmente con el respaldo de la sociedad de bolsa, "validado en una primera oportunidad mediante comunicaciones provenientes de correos institucionales auténticos de Pérez Marexiano", aunque luego, en los casos posteriores, la supuesta autorización de la firma se realizó mediante correos falsos que simulaban provenir de casillas institucionales, pero que nunca tuvieron existencia real en la operatoria interna de la sociedad".
Las transferencias realizadas bajo esta modalidad ascienden, según lo relevado hasta la fecha, a más de US$ 190 mil y se dirigieron no solo a cuentas personales de Ignacio González, sino también a terceros que no guardaban relación alguna con los clientes, ni se vinculaban de manera directa a la sociedad de bolsa.
En ese sentido la denuncia aporta las cuentas bancarias de tres personas a las que se pide citar a declarar en calidad de testigos.
La primera de esas personas es Tamara Taube, ya mencionada en las denuncias anteriores, quien se dedicaba principalmente a captar clientes en México ya que vive en ese país junto a su marido. También compartía un podcast sobre inversiones con González Palombo y en la denuncia presentada por el penalista Jorge Barrera en representación de Pérez Marexiano se señala que existe "una relación comercial entre ambos a través de la empresa Capittal Up".
En la ampliació que presentó esta semana Durán señaló que Taube "recibió múltiples transferencias de dinero (...) a pedido expreso del Sr. Ignacio González".
"Estas transferencias, justificadas bajo el esquema de negocios paralelos, carecen de toda razonabilidad financiera y solo pueden explicarse en el marco de un dispositivo delictivo orientado a distraer fondos de los inversionistas", afirmó y le pidió a la fiscal que indague el papel de Taube "dentro del circuito financiero que manejaba González, si estaba vinculada a Pérez Marexiano, por qué fue destinataria de importantes sumas de dinero enviadas por un cliente de González y por qué se apropia de dinero que no le pertenece".
El abogado planteó también que se cite como testigos al empresario "Uriel Lapchik y Lucía Burgos por la eventual recepción de dinero en sus propias cuentas, por transferencias realizadas por González". "¿Estas personas constituyen testaferros, intermediarios o partícipes necesarios de la maniobra defraudatoria? así como eventuales beneficiarios del delito de apropiación indebida".
Durán respaldó su pedido en el rol que tienen las víctimas de delitos en el proceso de acuerdo con el actual Código del Proceso Penal (P) ya que pueden proponer prueba y "coadyuvar" en la indagatoria llevada adelante por Fiscalía.
Además, reiteró la responsabilidad de Carlos y Pedro Pérez, “en su carácter de socios directores de la firma Pérez Marexiano" sobre quienes señala que "facilitaron, toleraron y ampararon, omitieron controlar las maniobras ilícitas ejecutadas por (González Palombo) en un marco de unidad de acción delictiva, funcional y económicamente articulada que se desarrollaba dentro de su propia empresa”.
En ese sentido apuntó a la “omisión de toda debida diligencia por parte de los responsables de la sociedad de bolsa quienes no evaluaron el perfil de los clientes, no brindaron información adecuada, ni controlaron el destino real de los fondos, ni de las personas que actuaban bajo su istración”.
La empresa fue la primera en denunciar a González Palombo y señaló que no concían las maniobras delictivas hasta que los inversores empezaron a presentarse en la firma con sede en Carrasco en el mes de marzo para reclamar por sus inversiones.
