El proyecto de ley para impedir las designaciones directas en las intendencias tiene en la Cámara de Diputados votos de sobra para lograr la mayoría especial necesaria para su aprobación. La iniciativa que impulsara en vida el fallecido Adrián Peña, y que naufragó en el Senado el pasado abril ante la negativa del Partido Nacional, cuenta con al menos 69 votos en la otra cámara.
Se cuentan para ello las 42 bancas del Frente Amplio, las 14 del Partido Colorado, las 10 de Cabildo Abierto, al diputado Iván Posada del Partido Independiente, a César Vega del PERI, al constitucionalista Eduardo Lust y a Daniel Peña por el Partido de la Gente, según las consultas realizadas por El Observador a cada bancada.
Si bien las intendencias esgrimen que es inconstitucional desconocer su autonomía de tener sus propios estatutos con regulaciones al ingreso de personal, el artículo 64 de la Constitución de la República establece que “por dos tercios del total de componentes de cada Cámara” –66 en el caso de Diputados y 21 para el Senado– el Poder Legislativo podrá votar “normas especiales” que sean “aplicables a los funcionarios de todos los gobiernos departamentales”.
Sobre esa premisa se amparó Adrián Peña cuando –junto a su partido, el Frente Amplio y Cabildo Abierto– quedó a solo un voto de aprobar el proyecto de ley en el Senado.
La última versión considerada en el Parlamento establecía que los ingresos y ascensos de personal en intendencias “deberán realizarse a través de concursos públicos” y que “en su defecto” las nuevas contrataciones “podrán realizarse a través de sorteos públicos”. Según esa redacción, en ambos casos debería hacerse conforme “a los principios de publicidad, transparencia e igualdad de oportunidades”.
Durante el debate parlamentario el pasado 2 de abril, Peña manifestó que si esa redacción suponía una dificultad para el funcionamiento de las intendencias, podrían ajustarse los términos, pero proclamó que era necesario dar la señal.
Sobre esa base los diputados coordinan para reintroducir el tema en esa cámara. “Lo ajustaremos”, confirmó el frenteamplista Gustavo Olmos a El Observador, quien la semana pasada había pateado el tablero al pedir reconsiderar en Diputados el proyecto de ley “que obliga al ingreso de funcionarios públicos por concurso o por sorteo, y que el Senado lo rediscuta con la evidencia de lo que ha sucedido en Artigas”.
En este sentido, el diputado colorado Conrado Rodríguez había dicho a El Observador que estaba dispuesto a volver a tratar el tema y que estaba “de acuerdo” con “el principio de transparencia que abrigaba”, aunque sí debían establecer “algún margen para situaciones excepcionales” en que puedan contemplarse designaciones directas.
“Hay cuestiones que se tienen que tener en cuenta a la hora de legislar, como situaciones de extrema gravedad por un imprevisto, como el tornado en Dolores hace años. No podés obstaculizar la contratación en esos casos”, había ejemplificado.
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Gustavo Olmos, diputado del Frente Amplio
Foto: Leonardo Carreño.
El frenteamplista Olmos dijo estar de acuerdo con eso.
Pronunciamientos de partidos
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado resolvió el pasado lunes que era “necesaria la aprobación por parte del Parlamento” de la iniciativa de Adrián Peña. El diputado colorado Felipe Schipani dijo a El Observador que aún “no está definido cómo” va a proceder el proyecto, en tanto la bancada se reúne en los próximos días.
Fuentes coloradas advierten por otro lado que los tiempos son escuetos, dado que la actividad parlamentaria continuará hasta el 15 de setiembre, a la vez que el tema ya generó un cisma en el partido cuando el precandidato Robert Silva intentó convocar a un plebiscito para rescatar el fondo del proyecto y fijarlo en la Constitución de la República. El anuncio en plena campaña hacia las internas hizo que el senador Germán Coutinho saliera al cruce y tuviera un duro cruce de palabras con dirigentes de Ciudadanos.
A eso se suma que el candidato colorado Andrés Ojeda opinó que el caso no amerita "nuevas leyes". "No sé si es un tema estrictamente legal. La corrupción trasciende a los gobiernos, va más allá. El tema es cómo nos paramos y cómo reaccionamos ante los casos de corrupción", sostuvo.
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Foto: Inés Guimaraens
No obstante, el abogado sí acompañará la presentación de un proyecto de ley del diputado Gustavo Zubía para modificar el artículo 272 del Código del Proceso Penal de modo de quitar el beneficio del proceso abreviado para funcionarios públicos con determinadas características. Ese proyecto busca que esos delitos se paguen con cárcel como ocurría antes de reformar el código.
Por otro lado, el apoyo del Frente Amplio quedó bloqueado luego de que un tercio de su Mesa Política votara en contra de plegarse a ese mecanismo.
El Partido Independiente reafirmó el lunes “la necesidad de aprobar la sanción de normas legislativas que establezcan que el ingreso a la función pública en los gobiernos departamentales sea estrictamente por concurso, para evitar prácticas clientelísticas reñidas con la transparencia y la ética de la gestión pública”.
Por su parte, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, sostuvo en su audición en Radio Oriental que “el sistema político debe dar señales” para no alimentar “el descrédito” y “la falta de confianza” en la política. Su diputado Álvaro Perrone confirmó en redes sociales que se plegaban al pedido del Frente Amplio de reingresar el tema por la Cámara de Representantes.
Tanto César Vega como Daniel Peña y Eduardo Lust también aseguraron que votarán el proyecto. “Como no lo quieren votar por intereses propios, el argumento de (Sergio) Botana era que no lo querían votar porque violaba la autonomía de las intendencias, y no leyeron el artículo que dice expresamente lo contrario”, cuestionó Lust, quien es grado 4 de Derecho Constitucional. “Que se podrán votar leyes de función pública con efectos generales, incluidos los gobiernos departamentales, siempre y cuando haya mayorías de dos tercios. Lo dice el artículo 64. Se ve que leyeron hasta el 63”.
